El Grupo de IU en el Ayuntamiento de Sevilla abogó ayer por la puesta en marcha con carácter inmediato de la ordenanza municipal de peatones y ciclistas que prevé restringir el tráfico privado en el casco histórico de la ciudad, una medida que ha sufrido una serie de demoras desde su publicación oficial en el BOP en mayo de 2008.

En una entrevista concedida a Europa Press, el primer teniente de alcalde y portavoz municipal de IU, Antonio Rodrigo Torrijos, indicó que el hecho de que ya existan resoluciones del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), a recursos de diversos colectivos, planteando incompatibilidades de determinados elementos, "no es óbice" para que se dé cumplimiento y se ponga en marcha la ordenanza.

Y es que, a su juicio, la aplicación de la ordenanza supone "uno de los grandes elementos que define un modelo sostenible de ciudad", toda vez que, además, la ejecución de dicha normativa municipal "no es algo totalmente cerrado", en alusión a que los residentes pueden circular por el centro de la ciudad con total libertad y que se trabaja en la habilitación de zonas de carga y descarga para el comercio.

Torrijos, al respecto, subrayó que, en base al "sentido común", habría sido "mucho más eficiente" que la aplicación de la ordenanza se hubiera llevado a efecto con el cumplimiento del plan de aparcamientos para residentes y rotatorios en la corona del centro, una situación que denominó "asintonía". Y reconoció que llevan razón los ciudadanos que se quejan de que no existan estos aparcamientos, aunque aun así el edil se reafirmó en la necesidad de aplicar la ordenanza.

En lo relativo al cierre del centro al tráfico, para lo que será necesario utilizar una veintena de cámaras de seguimiento, un total de siete empresas presentaron su oferta para optar a la contratación del suministro e instalación del equipamiento necesario. Según la licitación anunciada, el plazo máximo de entrega será de un año, dentro de un contrato que parte con un presupuesto base de licitación de 1.099.989euros.

La pretensión expresada inicialmente por el área de Movilidad (PSOE) del Consistorio es que la restricción de vehículos privados al centro histórico de Sevilla no se aplique de forma parcial, sino que la medida se haga de forma global en todas las vías de acceso a la zona cuando se haya procedido a la instalación de las cámaras y se haya acreditado a todos los residentes que podrán circular con su vehículo por el centro, según anunció en su día el concejal de Movilidad, el socialista Francisco Fernández.

Fernández justificó la decisión de no instaurar las cámaras de manera progresiva en que "no sería eficaz", por lo cual aludió a la puesta en marcha de forma "simultánea" en todas las vías de acceso al centro, "que justifique que el sistema restrinja o condicione ese acceso". El concejal descartó que el control de vehículos se vaya a llevar a cabo mediante bolardos neumáticos como los de las calles Dos de Mayo y Temprado, en El Arenal, que han alternado periodos de funcionamiento con temporadas de inactividad, como ahora.