José Ignacio Rufino Rus

Profesor de la Universidad de Sevilla

Cuando hace unos meses Jordi Évole -un verdadero periodista de raza, a tenor de la controversia que suscita y de lo sencillo y perspicaz de sus enfoques- dedicó el programa Salvados a la situación de (supuesto) oligopolio de las actividades energéticas en España, las compañías, particularmente las eléctricas, emprendieron un denodado contraataque . Según circulaba en un email de difusión masiva por Internet, las eléctricas montaron en cólera, y exigieron a la cúpula directiva de la cadena -la Sexta, controlada por Grupo Planeta- que les diera un espacio para lavar la imagen que el reportaje de Évole había, a su parecer, injustamente mancillado. La respuesta de los internautas consistía en disuadir a la cadena televisiva de castigar a Évole por tendencioso y difamador, como directa o indirectamente querrían las eléctricas. El programa de desagravio no tuvo lugar, quizá por esta respuesta popular en red, que se sustanció en un fenomenal índice de audiencia en la siguiente edición semanal de Salvados. ¿Respuesta democrática ante la prepotencia oligopolística o intoxicación populista y demagógica contra la gran empresa multinacional española? Este asunto, objeto como tantos otros en este país de un enfrentamiento radical, suscitaba de nuevo la polarización de la opinión pública.

Lo que unos (las empresas generadoras y distribuidoras de electricidad) alegan es justo lo contrario de lo que alegan los otros (consumidores y usuarios, y sus organizaciones de defensa). Las empresas dicen que el usuario no paga lo que cuesta que en su casa se haga la luz con darle un pellizco a la pared. Los usuarios no entienden que la electricidad cueste el doble que hace unos cuatro años, y que no pare de subir a pesar de la crisis. La electricidad, como la gasolina, constituye el clásico ejemplo de inelasticidad o rigidez con respecto a la crisis: cuanto peor le va al bolsillo del ciudadano, más se encarecen los suministros básicos. La viva esencia del empobrecimiento de las personas. El hecho de que representantes de la alta política española, al acabar su periplo político, aterricen en nutritivos consejos de administración de grandes empresas privatizadas (u otras que siempre fueron privadas, pero igualmente sistémicas y poderosas) no es precisamente un hecho que calme y dé confianza al ciudadano acerca de la tarificación de esos servicios esenciales que proveen, en limitada competencia, las grandes compañías en cuestión. El cuidado que, además, los medios de comunicación tienen ante las informaciones que publican sobre las grandes corporaciones -anunciantes de primer orden- completa, en fin, un panorama borroso, difícil de entender. Muy complicado. La pregunta es, ¿tiene por fuerza que ser tan complicado entender la factura de la luz?

Brevemente, unos datos. La tarifa de la luz es regulada, o sea, no se corresponde con el clásico esquema empresarial "precio al público igual a coste más margen de beneficio". O sea, que no son las empresas eléctricas las que ponen precio a sus servicios de generación y comercialización, sino el Gobierno. La factura de la luz es un galimatías técnico, financiero, conceptual y terminológico que pocos entienden bien. Los beneficios de las grandes eléctricas -igual que las petroleras- no paran de subir año tras año, y se mantienen en niveles de rentabilidad apetitosos. ¿Cómo puede ser eso si, como aseguran, la tarifa que el consumidor paga es inferior al coste de producción y transporte? Una de las claves de toda esta tremenda confusión es que, precisamente, la confusión espanta a la competencia y merma la pretendida "liberalización" del mercado energético: el embrollo de conceptos de coste, atribuciones, subvenciones, compensaciones que usted puede leer en su factura cada mes (que no recoge ni mucho menos todo el intríngulis y la casuística de la cosa) tiene un trasunto de interdependencias público-privadas y derechos históricos y adquiridos que disuade a nuevos potenciales actores de intentar ingresar en el mercado español. Y de paso atonta al cliente, desmotiva la necesaria comprensión de lo que gasta: paga y calla, refunfuñando. En la factura de su compañía eléctrica no sólo está el coste para la empresa: según las empresas, sus ingresos no serían suficientes para cubrir sus costes. Según los defensores de las renovables - "el enemigo" mimado por las primas públicas, hasta que se ha desmoronado el tinglado por la penuria pública-, el llamado "déficit de tarifa", tal como lo define quien debe hacerlo, o sea, la Comisión Nacional de Energía, es la diferencia entre lo que paga el consumidor en la factura y el coste reconocido por la compañía proveedora de luz. Ahí está la clave de la controversia: los críticos con el (supuesto) oligopolio eléctrico afirman que el coste reconocido no tiene nada que ver con la realidad, y encima ha sido admitido por los gobiernos de manera obediente (las multas a las eléctricas por prácticas contrarias a la buena competencia y al respeto al consumidor son pequeñas en relación con su facturación total). Todo ello ha generado, además, una deuda con las eléctricas que terminarán de pagar, Dios mediante, nuestros hijos pequeños. Asombroso, ¿no?