El Consejo Superior de Deportes (CSD) ha dejado en suspenso el plazo de tres meses para resolver sobre el proceso de venta del paquete mayoritario de acciones del Betis que ostenta Manuel Ruiz Lopera a la empresa Betis Sport, con el fin de recopilar, por parte del club, más información de la operación.

En este sentido, la juez titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, que lleva la demanda por presunto delito societario y de apropiación indebida en la gestión del club, presentada por la asociaciones 'Por Nuestro Betis' (PNB), 'Béticos por el Villamarín (BPV) y la Liga de Juristas Béticos (LJB), contra el propio Ruiz de Lopera, ha desestimado íntegramente el recurso de reforma interpuesto por la Fiscalía de Sevilla contra el auto dictado por el propio Juzgado el pasado 17 de octubre.

Betis Sport está actualmente en negociaciones con Lopera para comprar el club albiverde. Así, en el citado auto se recuerda que las actuaciones en curso en el citado juzgado buscan dilucidar la existencia del referido delito societario de Lopera "en connivencia con otros", los cuales, mediante un entramado de empresas del que forman parte Tegasa y Encadesa, que "exclusivamente se han nutrido de los ingresos del Real Betis Balompié", han dado lugar a la descapitalización del club.

La juez considera que "resulta poco comprensible" que el Ministerio Fiscal pretenda cercenar la investigación de una sociedad "tan llamativa a los efectos del presente procedimiento como 'Patrimonial Real Betis S.L.', cuyo objeto pudiera ser la concentración en la misma de todos o de parte" los bienes de la entidad bética.

De hecho, se destaca que así resulta de los estatutos contenidos en la nota simple del Registro Mercantil aportados al juzgado, en la cual queda claro que el objeto social de dicha empresa "es la adquisición, administración, arrendamiento, disfrute y disposición de todo tipo de bienes, valores, acciones y derechos que forman parte del patrimonio" del Betis, "que es el único accionista" de dicha entidad.

Además, dicha empresa mercantil tiene como administradores mancomunados al presidente del Betis, José León Gómez y la entidad Familia Ruiz Ávalos S.A. (Farusa), accionista mayoritaria del propio Betis que, se precisa, controla Manuel Ruiz de Lopera "de donde pudiera desprenderse que el gobierno de la sociedad patrimonial referida "está en manos de éste último".

En consecuencia, la juez estima que sería inadecuado no investigar la incidencia que 'Patrimonial' ha tenido en los últimos resultados económicos del Betis "sobre todo si tenemos en cuenta además el dato ofrecido por la asociación PNB y la Liga de Juristas Béticos que deberá ser contrastado, de que, al ejercicio cerrado el 30 de junio de 2008 el Betis, único accionista de dicha sociedad patrimonial, adeudaba a ésta la cantidad nada despreciable de 3.250.938,95 euros".

Igualmente, se da la circunstancia de que tal empresa "no fue inscrita en el Registro Mercantil hasta dos meses más tarde, por lo que, a la fecha de la generación de dicho crédito, la mencionada sociedad patrimonial carecía de personalidad jurídica y de autonomía patrimonial".

Siguiendo con su razonamiento, la juez agrega que debe ser investigada asimismo la sociedad Betis Sport SL "pues no sólo es sorprendente que la misma, con un capital social de 3.008,8 euros haya podido llegar a un acuerdo con la entidad Familia Ruiz Ávalos, accionista mayoritario del Betis" para comprar las acciones del club, sino que Lopera "vaya a continuar como consejero delegado" del club.

Paralelamente, la magistrada destaca que de esta "información se hace eco el Consejo Superior de Deportes en su resolución del fecha 9 de octubre de 2008 (folio 4.012) por la que suspende el procedimiento sobre la autorización de la transmisión de las acciones, y en la que requiere aclaración sobre la existencia de algún acuerdo o convenio entre Betis Sport SL y Manuel Ruiz de Lopera, por el que éste último forme una unidad de decisión (expresión que aparece subrayada en el texto) con la mercantil anteriormente citada.

Acerca de este asunto, fuentes del CSD indicaron a Europa Press que, al dejar en suspenso el plazo para resolver, el Consejo no incumplirá los 3 meses establecidos por la Ley del Deporte para llevar a cabo este tipo de operaciones, y no tomará una decisión sobre el citado traspaso de acciones de Lopera a la empresa Betis Sport hasta que no disponga de la documentación adicional que ha solicitado a la entidad verdiblanca.

El auto concluye que se puede llegar, en función de todo lo expuesto anteriormente, "a la sospecha absolutamente apriorista de que Patrimonial Real Betis Balompié se suma al conjunto de sociedades controladas por el señor Ruiz de Lopera que han descapitalizado presuntamente", al Betis, "y que pueden seguir haciéndolo y que las acciones de Farusa, ante la posibilidad de unidad de gestión con Betis Sport SL pudieran también de manera indiciaria, cambiare formalmente de mano, peor no de dueño". Dicho de otro modo, el juzgado entiende que con esta presunta venta, Lopera en realidad pretende tan sólo una operación cosmética, pero seguiría, de cualquier forma, dirigiendo al club.