El juez de refuerzo Rogelio Reyes ha citado el 5 de junio a los inspectores de Hacienda que elaboraron el segundo informe pericial en la causa contra Manuel Ruiz de Lopera, que concluía que el máximo accionista del Betis causó al club un perjuicio de 17 millones de euros entre los años 1999 y 2008, a los que hay que sumar los 12,4 millones en que los peritos cifraron el daño causado entre 1993 y 1998.

La cita en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla es a fin de que ratifiquen ese segundo informe pericial, entregado al juzgado en julio de 2012 y no retomado hasta ahora por la enfermedad de la titular, Mercedes Alaya.

Paralelamente, Rogelio Reyes aún no se ha pronunciado sobre la petición de la Fiscalía de que levante la medida cautelar de intervención y administración judicial de las acciones del Betis en poder de Lopera, pues el Ministerio Público considera que han "desaparecido las circunstancias y presupuestos que motivaron su adopción, así como el plazo previsto para su establecimiento". Y precisa que la ley limita a dos años el límite máximo, cuando se trata de una persona jurídica, y de dos años y medio si es persona física. Así, la medida cautelar "no puede exceder dicho límite temporal, en otro caso, estaríamos ante el cumplimiento de una pena anticipada".

Según las conclusiones del segundo informe, el perjuicio total, con intereses, es de 16.933.655,84 euros, que "viene a contradecir el principio invocado como fundamento de tales contratos (Encadesa-Tegasa): garantizar la viabilidad y estabilidad económica-presupuestaria del Betis, "contradicción incuestionable, aún para el supuesto de que no se compartan las conclusiones de esta pericia", ya que "la liquidación a favor" del club en concepto de retorno de beneficios obtenidos por Tegasa y Encadesa entre 2003 y 2008 por 9.098.109,30 euros "es un reconocimiento de que parte de esos contratos, al menos en esas temporadas, fueron muy rentables" para las sociedades de Lopera.