El ex máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera pidió a la juez Mercedes Alaya que le devuelva el control de sus acciones mayoritarias en el Betis como una forma de frenar el "caos" y el "récord de registros negativos" en que está sumido el club.

El abogado de Lopera dice que es de "urgente necesidad" la normalización jurídica del Betis para "evitar el progresivo agravamiento de su deterioro institucional provocado por las actuales medidas cautelares", vigentes desde que en julio de 2010 la juez de instrucción 6 de Sevilla le retiró el control de sus acciones.

El escrito reitera su petición, expresada por última vez en octubre de 2013, de archivar las actuaciones penales porque "no hay indicios de la comisión de delito".

Aprovecha Ruiz de Lopera para recordar que entonces expuso "las más relevantes irregularidades que han jalonado el curso de estas actuaciones", entre las cuales resalta la retirada del control de sus acciones fue la "más grave y significativa" pues "excedió manifiestamente" la finalidad de asegurar futuras responsabilidades civiles.

En marzo de 2011, la juez Mercedes Alaya justificó su mantenimiento en la "normalización del desenvolvimiento" del club, en un escrito en el que afirmaba que la administración judicial del Betis lo había beneficiado en los aspectos jurídico, económico y deportivo.

Sin embargo, Lopera cree que hoy en día, "ya no se puede dudar de que las medidas cautelares han provocado en el Betis un auténtico estropicio, de difícil cuantificación por sus dimensiones, en todas sus áreas y todos los niveles".

La defensa afirma que, pasados cuatro años de las medidas cautelares, "es un hecho notorio que han llevado a una entidad de enorme arraigo social a una gravísima situación: la administración judicial ha sumido a la entidad en un absoluto caos", y en el plano deportivo "más allá de las siempre azarosas vicisitudes de la competición futbolística, ha llevado al club a "batir toda clase de registros negativos, asolando por completo plantillas y cantera".

La "realidad objetiva" es que la opinión pública "identifica, con toda razón y sentido", a la magistrada, al quinto administrador judicial que ha nombrado y a las "asociaciones insolventes" que acusan a Lopera como los "responsables de su desastrosa situación".

Sobre el nombramiento de Francisco Estepa como administrador judicial, dice el escrito que fue designado "sin procedimiento legal alguno" y no ha entregado "ninguno de los informes mensuales a los que está obligado", pero a la vez "se reúne con las tres asociaciones particulares denunciantes, a las que atribuye indebidamente la representación del conjunto de la masa social bética".

Ruiz de Lopera denuncia "la escandalosa e insostenible forma actual de gobierno del Betis, mantenida contra principios elementales del Derecho, contraviniendo normas mercantiles" y "de espaldas a los titulares de los derechos intervenidos, al Ministerio Fiscal y al conjunto de la afición bética".

A su juicio, "debe cesar de inmediato la intervención judicial de los derechos políticos del paquete de acciones mayoritario para poner fin a un régimen de excepción injustificable y pernicioso".

Por último, la defensa de Lopera solicita, además, la nulidad de la venta de acciones de Farusa a Bitton Sport, por lo que de producirse el levantamiento de las medidas cautelares el control de las acciones pasaría a Lopera, dejando al margen a Luis Oliver.