La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, no ha dejado en saco roto la denuncia de la Fiscalía de Sevilla contra el máximo accionista del Betis, Manuel Ruiz de Lopera, por un supuesto delito societario a través de las empresas que controla y que están directamente relacionadas con la sociedad anónima verdiblanca.

Así, y a la vista de las diligencias de investigación abiertas por la Fiscalía el pasado 13 de marzo de 2008, la juez ha tardado apenas mes y medio en estudiar la documentación presentada por la fiscal Margarita Viera y en solicitar información a Lopera.

Fue el pasado martes día 29 de abril cuando, a través de la Guardia Civil, realizó un requerimiento de la documentación mercantil que soporta la contabilidad de las empresas Tegasa y Encadesa. La novedad es la inclusión de la primera, ya que la Fiscalía consideró en su día que sus actuaciones habían prescrito. La relación documentada entre ambas empresas o la posible existencia del mismo supuesto delito continuado habrían podido influir en este giro o avance en la investigación.

El requerimiento del 29 de abril aún no ha sido satisfecho por parte del acusado, ya que no fijaba una fecha límite y se limitaba a solicitar que los documentos llegasen a poder de la juez a la mayor brevedad posible. Empero, ésta instó ayer mismo de nuevo a Lopera a entregarlos bajo advertencia de incurrir en un delito de desobediencia grave.

El siguiente paso en el proceso pasa por que el propio Juzgado de Instrucción número 6, cuando controle los asientos contables de las empresas de Lopera, designe a un perito independiente para que los analice y emita un informe pericial que, a su vez, será trasladado a las partes. Incluso, Lopera tendría la opción de solicitar lo que se conoce como una contrapericial.

Aun siendo las que se siguen diligencias judiciales habituales dentro de la investigación de un supuesto delito económico, algún experto consultado se ha sorprendido por la rápida actuación de la juez y por su contundencia. Ítem más, fuentes consultadas informan de que Mercedes Alaya le ha pedido a los miembros de la Guardia Civil en Sevilla, que está actuando como policía judicial -también podría haber designado a la Policía Nacional-, que se ponga en contacto con la Unidad de Delitos Monetarios de la Guardia Civil de Madrid, ya que quizá sería ésta la que elaboraría el informe pericial del caso.

Sea como fuere, sí es ya notorio que la denuncia presentada en su día por Béticos por el Villamarín, al observar indicios de un supuesto delito en un fallo de la Audiencia Nacional contra Lopera, sigue su curso sin detenerse.