La asamblea del miércoles de la ACB fue larga y tensa. Muchas dudas, como cuántos equipos disputarán la próxima temporada, siguen en el aire a expensas de cómo se vayan resolviendo los acontecimientos, pero algo sí quedó claro: el que quiera subir tendrá que rascarse el bolsillo, de una manera u otra, y que el Betis Energía Plus defenderá sus derechos, como hicieron otros las últimas cinco campañas, para mantenerse en la Liga Endesa y dará guerra. De hecho, la ACB y el CSD ya saben que el club acudirá a los tribunales si considera que se ha vulnerado sus derechos, como ya podría haber sido.

Tras casi ocho horas de reunión la asociación de clubes emitió un comunicado en el que, en resumen, el Burgos y el Gipuzkoa deben aportar más de dos millones (1.939.301 euros + IVA) en concepto de adquisición del "valor de la participación" en la ACB y un presupuesto mínimo garantizado de 2,3 millones. Además, prolongó para ello el plazo que disponen para cumplir los requisitos acordados hasta el 15 de julio, hecho que otros años no pasó, aunque en su comunicado no se cita al Palencia, lo que parece positivo.

De hecho, hace dos años el Fuenlabrada ya amenazó con acudir a los tribunales y parar la liga al considerar que el Ourense presentó la documentación fuera de plazo (por un día y porque la fecha límite era en domingo). El club madrileño defendía entonces que en el artículo 8 apartado 2 de los estatutos de la ACB "fijan claramente antes del 15 de junio", la fecha límite que tienen las entidades que quieran ingresar en ACB para atender los requisitos marcados por la asociación" y que sólo se pueden modificar por motivos de calendario.

Por ello, el Betis propuso en dicha reunión volver a una liga de 18 equipos, solicitando su inscripción para, en caso de acudir a la vía judicial, poder agarrarse a su derecho como socio de la ACB. Esto va en contra de los intereses de los tres grandes y el Unicaja, que se ha unido al bloque de conjuntos con Licencia A de Euroliga, que quieren ya una competición con sólo 16 conjuntos. El CSD proponía que la próxima campaña fuese de transición para tratar de colar al Palencia, que no se ganó este año su derecho a subir y defiende "un ascenso en diferido pactado bajo unas condiciones que no se dan" (que la Federación Española no aprobase ningún ascenso deportivo), recordó en su día Francisco Roca, presidente de la ACB. Pero la propuesta verdiblanca tampoco es apoyada por otros equipos, temerosos de que así haya más descensos cara a la reducción a 16 equipos proyectada para el curso 2018-2019.

Toca esperar, pero el Betis promete guerra incluso en los tribunales, ya que esperar hasta el 15 de julio para conocer su futuro le ocasiona graves perjuicios. De momento, Lockett, que quedará libre con el descenso, como el resto de sus jugadores a excepción de Leo Cizmic, con contrato de canterano. El 30 de junio y con el descenso el club no tendrá ya derecho alguno sobre ningún jugador.

Si el Burgos -que debería presentar un plan para convertirse en Sociedad Anónima Deportiva, algo que al CB Canarias le costó 2,2 millones- o el Gipuzkoa no cumplen con los requisitos pactados, el Betis solicitaría igualmente su derecho a cubrir esa vacante que recogen los estatutos. De momento, según el Diario de Burgos, el acuerdo de la asamblea de la ACB ha caído como un jarro de agua fría en los directivos del CB Miraflores. "Nos lo ponen más difícil, pero seguimos trabajando en el mismo escenario. Dudo que Competencia autorice esas cantidades", indicó el vicepresidente, Félix Sancho, pese a que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento con 800.000 euros (en Sevilla sólo se cuenta con la cesión del Palacio de los Deportes, por ejemplo). En San Sebastián no se han pronunciado al respecto.