Los tres administradores concursales del Betis, Antonio Jesús González, Franciso Tato y Gerardo Narbona, han solicitado al Juzgado de lo Mercantil Número 1 de Sevilla, cuyo titular es Eduardo Gómez López, una minuta global por la labor realizada -hasta la fecha el 50% del trabajo- de 1,3 millones de euros (434,294,09 euros para cada uno). Todo esto teniendo en cuenta que se encontraron con el preconcurso ya realizado por otros abogados de la entidad heliopolitana, pues Luis Oliver siempre quiso que el club entrara en Ley Concursal.

Además de esta elevada minuta, los tres volverán a pasar otra, al menos, antes de la finalización de sus tareas. Lógicamente, será el Betis el que tenga que pagar los devengos a los tres administradores, que no tendrán quita ni tampoco tendrán que esperar para cobrar, pues lo harán antes del 1 de septiembre, tal como lo ha dictado un auto del propio Juzgado de lo Mercantil Número 1 con fecha de 28 de junio.

Fuentes del club verdiblanco, consultadas por este diario, entienden que las cantidades que los concursales percibirán no sólo son muy elevadas, sino que son equiparables a un concurso superior en tres veces a los 84 millones de euros que el Betis ha incluido como deuda concursal. Tanto es así que el propio abogado de la entidad de La Palmera encargado del concurso, Manuel Olivencia, discutió tales cantidades al Juzgado por considerarlas excesivas.

Por otro lado, a la fecha, los pagarés endosados por el máximo accionista del Zaragoza, Agapito Iglesias, entre otros a Marcelino García Toral, técnico del Sevilla, por valor de dos millones de euros, y a la empresa Promart, por valor de 500.000 euros, aún no han sido retirados del total de la deuda verdiblanca, que debería verse reducida en 2,5 millones de euros.

En todo este asunto no se debe pasar por alto la situación de los futbolistas, que verían rebajadas sus fichas, excepto los nuevos fichajes, en una cantidad aún por determinar por la Ley Concursal. De hecho, casi la totalidad de la plantilla ya tiene deudas de la pasada temporada incluidas en el concurso. Sorprende que el club, a pesar de la protesta de Manuel Olivencia, no haya mostrado de manera pública, dos semanas después de la publicación de este auto, sus quejas por tener que pagar 1,3 millones de euros más IVA por un trabajo de apenas cinco meses.