La Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha confirmado el archivo de la causa penal abierta contra los responsables de Air Madrid por presuntos delitos de estafa y publicidad engañosa, al desestimar los tres recursos interpuestos contra el auto de "sobreseimiento libre" dictado por el juez Fernando Grande-Marlaska el pasado 14 de septiembre y que confirmaba el archivo dictado en auto de 15 de junio de 2007.

En el auto, de fecha 17 de enero, la Sala concluye que "no ha existido" una voluntad "concreta y previa" por parte de la dirección de Air Madrid de "no cumplir las obligaciones contractuales con sus clientes  derivadas de las compras de billetes" ni ha quedado "acreditado" que la aerolínea "hubiera vendido billetes y publicitado vuelos con conocimiento de que iba a dejar de volar por la retirada de la licencia" por parte del Ministerio de Fomento.

La Sala desestima el recurso de apelación directo presentado por un particular y los subsidiarios de apelación interpuestos por las asociaciones de consumidores Asgeco, OCU y FUCI. El recurso del Ministerio Fiscal lo estima "parcialmente" y ordena cambiar el sobreseimiento libre por "sobreseimiento provisional".

Este cambio supone que en caso de "apareciesen nuevos elementos incriminatorios" durante el procedimiento concursal que tramita Juzgado de lo Mercantil número 5 de Madrid se podrá "incoar el proceso penal" en las instancias judiciales correspondientes, según explica el auto. Según el artículo 641.1 de la LEC el sobreseimiento libre deriva de la inexistencia de indicios racionales de delito, mientras que el provisional se dicta al no resultar debidamente acreditada la comisión de un delito.

Grande Marlaska desestimó el pasado 14 de septiembre los recursos de reforma presentados por Asgeco, OCU y Fuci contra el archivo de la causa. Todos ellos presentaron el recurso de apelación ahora resuelto.

El pasado 15 de junio el juez archivó la causa al no encontrar "indicio alguno de criminalidad", en la que estaban imputados el presidente de la compañía, José Luis Carrillo, y tres ejecutivos, por seguir vendiendo billetes después de conocer que la compañía iba a clausurar su actividad, durante la crisis que afectó a Air Madrid en diciembre de 2006 y dejó a unos 60.000 pasajeros sin volar. 

La Audiencia Nacional cierra así la investigación iniciada en diciembre de 2006. El juez concluyó que Air Madrid  no tuvo "voluntad concreta y previa" de incumplir los compromisos adquiridos por la venta de pasajes, ya que la Dirección General de Aviación Civil (DGAC) comunicó la suspensión de actividades el día 15 de diciembre, el mismo día que "desestimó el recurso" presentado por la compañía para continuar operando.