EL pasado marzo, el IPC se redujo un 0,2% con respecto al mismo mes del año anterior. Esta tasa anual es la más reducida desde que se empezó a elaborar el IPC a mediados de los 50. Algunos expertos temen que sea el anuncio de un proceso de deflación que dañe a la incipiente recuperación del crecimiento del PIB que se está produciendo durante los últimos meses.

Para que pueda hablarse de un proceso deflacionista tienen que darse dos características. Primero, que el descenso de precios sea generalizado entre los distintos bienes y servicios que componen la cesta del IPC. Y, en segundo lugar, que se active un proceso que autoalimente la caída de precios a través de las expectativas de los agentes.

En el caso español, excepto los alimentos, todos los grandes grupos de bienes y servicios han visto reducir sus precios. Es destacable que el sector servicios -tradicionalmente inflacionista- ha pasado de más del 2% de subida el año pasado, al 0%.

Como nos encontramos en una unión monetaria, a estas dos características hay que añadirle una más: que el proceso esté generalizado en la zona euro.

¿Es previsible que la inflación en España continúe en tasas negativas? No es probable. El pasado año se produjeron elevaciones de precios regulados que este año no se repetirán. Se elevaron las tasas universitarias y el precio de los medicamentos y se aumentó el IVA. Además, debido a la fortaleza del euro y a otros factores, el precio del petróleo se redujo en un 6% y el de otra materias primas, el doble. No es previsible que se repita este año.

Ahora bien, aun cuando no se produzca una deflación o reducción generalizada de precios, ¿qué consecuencias genera una baja inflación para la salida de la crisis?

El primer problema es que la carga de la deuda que soportan las familias y las empresas no se reduce y, si la inflación es suficientemente baja, en realidad aumenta. Esto genera una reducción adicional del consumo de las familias, afectando negativamente al crecimiento. La situación en la que se encuentra España es negativa desde esta perspectiva, al encontrarse las familias y empresas entre las más endeudadas de la UE.

Al ser la inflación negativa o muy baja en todos los países de la UE -y éste es el segundo problema-, la reducción de precios contribuye poco o nada a ganar competitividad respecto del resto de países -porque se encuentran en la misma situación-, de manera que las ganancias de competitividad exigen reducciones aún mayores de los precios, empeorando la situación.

En tercer lugar, en una situación con inflación positiva, si la demanda se reduce, aun cuando los salarios no lo hagan en términos nominales, las empresas reducen de manera efectiva sus costes a través de la inflación, al pagar unos salarios reales menores. En España, desde el año 2011 la reducción salarial ha chocado lógicamente contra el muro del 0%, en donde se ha concentrado la mayor parte de la evolución de la masa salarial. Están siendo los incrementos de productividad los que están permitiendo la reducción de costes en términos reales.

¿Qué se puede hacer para evitar una prolongación de la crisis como consecuencia de la baja inflación? Tradicionalmente, las variaciones de los tipos de la deuda pública a cinco y a diez años han servido para estimar las expectativas inflacionistas de los agentes. Sin embargo, la experiencia japonesa muestra que esos plazos tan largos no transmiten adecuadamente el punto de vista de los agentes. A plazos más cortos, entre uno y dos años, transmite mejor los sentimientos acerca del consumo, del ahorro y de la inversión.

En este sentido, las expectativas son pésimas. La deuda española a un año se paga al 0,54% y a cinco años al 1,99%. Pero es que la alemana se paga al 0,14% y al 0,66% a los mismos plazos. Esto anticipa unas expectativas claramente deflacionistas en ambos países.

Hay que actuar rápido si se quiere evitar que las intervenciones del Banco Central Europeo (BCE) sean tímidas y reducidas porque el mercado va acomodándose a los nuevos parámetros y termina no reaccionando en el sentido deseado. Japón tardó siete años en bajar sus tipos del 6% hasta el 0,5% y 13 años hasta el actual nivel del 0%. La tragedia es que la economía japonesa continua, 20 años después, sin una senda clara de crecimiento y creación de empleo, a pesar de las masivas inyecciones de liquidez que el nuevo gobierno está impulsando, y durante todo ese periodo, el grave envejecimiento de la población -como está ocurriendo en la UE- está añadiendo problemas adicionales hasta ahora desconocidos en la historia económica.

Es cierto que el BCE ha tardado sólo siete años para pasar del 4% al actual 0,25%. Pero también lo es que ha mostrado gran indecisión a la hora de llevar a cabo operaciones continuadas y de gran volumen de financiación a largo plazo (LTRO) y de compra de deuda en el mercado secundario. Esta indecisión puede ser letal para frenar la actual situación de expectativas generalizadas de muy baja inflación en la Eurozona.

La indecisión debería despejarla la experiencia acumulada. Ésta nos muestra que tanto en Japón como en EEUU, las expectativas de los agentes -aun apostando por una baja inflación- han sido sistemáticamente optimistas, habiendo sido la inflación real más baja que lo que habían previsto.

Los dirigentes del BCE y los políticos que tienen influencia sobre la orientación de la política económica no pueden esperar que sólo con más ajustes de salarios y reducciones del gasto público se resuelvan los problemas que padecen las economías europeas. Debemos temer más a la inacción de algunos dirigentes europeos que a la deflación de precios.