El Banco de España pide abaratar el despido para incentivar los contratos indefinidos

  • El organismo requiere ajustes "significativos" para bajar el déficit, como reducir el gasto público o subir los impuestos. Además, vuelve a recomendar "complementos" para las pensiones públicas.

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El Banco de España considera que las sucesivas reformas laborales no han resuelto la dualidad de un mercado en el que el nuevo empleo creado es fundamentalmente temporal, ante lo que ve necesario cambiar lo que desincentiva la contratación indefinida, que es el mayor coste del despido. En paralelo, la entidad ha urgido a que se retome la senda de consolidación fiscal, interrumpida en 2015, a través de una racionalización del gasto público, de un aumento de la imposición indirecta (IVA e impuestos especiales) y de una revisión de las deducciones y bonificaciones que merman la recaudación.

La elevada tasa de paro y los altos niveles de deuda y déficit públicos son los principales desequilibrios que todavía hacen vulnerable a la economía española, según recoge el informe anual del Banco de España, que añade el endeudamiento de empresas y familias, la deuda externa y la baja productividad. En la presentación del informe, el gobernador de la entidad, Luis María Linde, advierte de que la tasa de paro se mantiene en un nivel "socialmente inaceptable", al tiempo que recuerda que la falta de trabajo ha sido el principal causante de las desigualdades de renta entre los españoles. Para corregir un desempleo que corre el riesgo de convertirse en estructural, la entidad apuesta por reformar el mercado laboral para dar mayores facilidades para bajar los salarios cuando la situación económica lo requiera, promover los convenios de empresa y diseñar políticas activas que sirvan para que los parados de larga duración y con menos cualificación puedan volver a trabajar.

En el terreno fiscal, sostiene que la magnitud de los ajustes pendientes para sanear las finanzas públicas "es todavía significativa", después de que en 2015 la reducción del déficit se debiera en exclusiva a la mejora económica, ya que no se adoptaron medidas fiscales. En este sentido, defiende la aplicación estricta de los mecanismos preventivos y coercitivos de la ley de Estabilidad Presupuestaria, que permiten controlar el cumplimiento del objetivo de déficit por parte de las comunidades autónomas.

También insiste en analizar la posible incorporación de otras fuentes de financiación al sistema público de pensiones, que hoy en día se sostiene fundamentalmente por las cotizaciones sociales que ingresa la Seguridad Social, y que se estudie la puesta en marcha de mecanismos de seguro y ahorro privados que complementen las pensiones públicas.

El Banco de España reconoce que la consolidación fiscal tendrá "costes en el corto plazo", pero incide en que es esencial para preservar la confianza en la economía española y asegura que generará beneficios en el medio plazo. Al impacto del ajuste fiscal se sumará el agotamiento de algunos factores que han propiciado el crecimiento económico desde mediados de 2014, entre los que se encuentran el abaratamiento del petróleo y otras materias primas, la depreciación del euro respecto al dólar o la moderación de los costes de financiación derivados de una política monetaria expansiva por parte del Banco Central Europeo (BCE). El efecto previsible será una moderación progresiva del avance de la economía, que crecerá el 2,7% en 2016 y el 2,3% en 2017. La entidad cuantifica en su informe la influencia de los mencionados factores exógenos, a los que atribuye la mitad del crecimiento económico registrado en 2015, que fue del 3,2%. En concreto, dice que la política monetaria sumó 0,6 puntos; la política fiscal, 0,5 puntos; y el petróleo, 0,6 puntos, en tanto que la caída de la demanda mundial restó 0,6. Asimismo, dice que las medidas de estímulo del BCE volverán a aportar otros 0,6 puntos porcentuales al crecimiento de la economía en 2016.

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