Varios partidos políticos y sindicatos han mostrado su rechazo a que la ayuda de 420 euros que el Gobierno otorga a los parados que hayan agotado la protección y no dispongan de ingresos, no incluya a los desempleados que se les acabó la prestación antes del 1 de agosto. El ministro de Fomento, José Blanco, explicó que el Ejecutivo "se esforzará por hacer una información mejor" en torno a esta ayuda. 

Algunos partidos políticos y sindicatos han mostrado su confusión por la medida aprobada por el Gobierno el pasado 13 de agosto, por la que se conceden ayudas de 420 euros a los desempleados, ya que no recibirán esta prestación los que hayan agotado el paro antes del 1 de agosto. Entre los contrariados, se encuentra el portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, David Pérez, que calificó de "artimaña indecente" la ayuda, al entender que se pretende "manipular estadísticamente" los datos "para impedir que el paro llegue a los cinco millones". 

"La letra pequeña evidencia que el Gobierno mintió gravemente sobre la ayuda a los parados sin prestación, que hizo propaganda a su costa, que creó expectativas a gente desesperada por culpa de la propia incompetencia del Gobierno", criticó duramente Pérez, quien acusó al Gobierno de "insensibilidad" y ocultar que la arbitraria medida era sólo para unos pocos. 

"No es de recibo que la nueva maniobra propagandística de Zapatero deje desamparado a un millón de parados por el simple hecho de haberse quedado sin prestación antes del 1 de agosto, dato que la vicepresidenta (María Teresa Fernández de la Vega) ocultó deliberadamente para lograr un titular más redondo, pero los parados no necesitan titulares ni propaganda, sino respuestas del Gobierno, mediante efectivas medidas para frenar el paro", concluyó. 

Por su parte, la diputada de CiU en el Parlament de Cataluña, Meritxell Borràs, reclamó al Ejecutivo que replantee los plazos para recibir la ayuda para los parados que ya no reciben prestación, para que puedan beneficiarse los que dejaron de cobrar el paro antes del 1 de agosto. "Lo que no entendemos es que las personas que llevan más tiempo sin recibir ninguna prestación sean las que no se pueden beneficiar de la medida", reiteró la dirigente de CiU.  

Borràs lamentó que el PSOE haya optado por una nueva medida "propagandística que no resuelve el problema real e inmediato y no pone las bases para acabar con la destrucción de la ocupación" y cree que el objetivo de la ayuda de 420 euros es "engañar" a los ciudadanos, pues de la presentación de la medida no se deducía que existía fecha de inicio. 

Mientras tanto, el senador del BNG, Xosé Manuel Pérez Bouza, presentará una serie de iniciativas en la Cámara Alta para pedir explicaciones al Gobierno central por el criterio elegido para repartir los 420 euros a los parados sin prestación, ya que, a su juicio, "no es razonable". Así, Pérez Bouza preguntará al Ejecutivo la razón para primar a los parados que dejaron de cobrar el 1 de agosto, en lugar de favorecer a los de larga duración. 

Lo "lógico" para el dirigente gallego es primar a los colectivos desfavorecidos, los parados desde hace más tiempo y los que cuentan con otras responsabilidades familiares. En este sentido, instó al Gobierno a "hacer una reflexión" y "asumir responsabilidades" porque si no hay fondos "es por decisiones que adoptó a los largo de este año", como "eliminar" el Impuesto de Patrimonio. 

Pero los partidos políticos no han sido los únicos que han arremetido contra la medida aprobada en el último Consejo de Ministros. UGT de Cataluña reclamó la retroactividad de la ayuda al 1 de enero ya que de los contrario sería "insuficiente". Añadió también que hace falta una partida extraordinaria para cursos de formación para los desempleados que reciban la ayuda, así como más personal en los servicios públicos de empleo, porque sino pondrán de manifiesto la "grave insuficiencia de los recursos actuales destinados a formación". 

La vicesecretaria general del sindicato, Eva Granados, explicó que hay 205.000 parados en hogares catalanes en los que todos sus miembros activos están desocupados y que con el requisito de haber perdido la prestación después del 1 de agosto, las estimaciones apuntan a un máximo de 30.000 beneficiarios. Sin embargo, calificó la medida de "necesaria" aunque requiere "mejorarla" para aumentar su efecto positivo. 

Además, el sindicato CSIF criticó que los funcionarios del Inem todavía no hayan recibido los formularios originales que tiene que utilizar los usuarios que quieran beneficiarse de esta ayuda. También recalcó que "debido a la falta de datos, las comunidades autónomas aún no pueden informar del itinerario de formación al que se han de comprometer ni la documentación exacta que deben entregar". 

"En todo caso, debido a las numerosas limitaciones de esta ayuda de 420 euros mensuales, únicamente entre el 2% y el 3% de los desempleados que han dejado de cobrar prestación desde el pasado 2 de agosto y que acudió ayer a realizar el trámite cumple los requisitos", anunció el sindicato, que además, reiteró que "los usuarios se marchan enfadados porque, por ejemplo, quien percibe una prestación social como la de comedor o una renta de inserción se queda fuera".

Ante estas acusaciones, el ministro de Fomento, José Blanco, manifestó que el Gobierno "se esforzará por hacer una información mejor sobre la ayuda extra de 420 euros a los parados que agotaron la prestación" y señaló que "siempre hay que cumplir los requisitos" en referencia al más de millón de desempleados que agotaron la prestación en agosto y no cobrarán ayuda. 

El Gobierno prevé que 340.000 parados reciban esta ayuda frente a los 1.235.821 demandantes de empleo no ocupados que no recibían ningún tipo de prestación o subsidio en el mes de julio. Según el Real Decreto que regula este programa de ayudas, los beneficiarios de esta paga deberán cumplir una serie de requisitos, entre los que se encuentran el de agotar la prestación por desempleo o los subsidios entre el 1 de agosto de 2009 y el 15 de febrero de 2010.