Bruselas dio ayer un nuevo ultimátum a España para que retire las condiciones, a su juicio "ilegales", que el Gobierno impuso a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa. El Ejecutivo comunitario concede un plazo de un mes a Madrid o de lo contrario advierte que llevará el asunto hasta el Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

La Comisión ve contrarias al Derecho comunitario condiciones como la obligación de mantener a Endesa como empresa independiente y su centro de toma de decisiones en España; la obligación de comprar ciertas cantidades de carbón nacional y la exigencia de conservar los sistemas de electricidad insulares dentro de Endesa. También las limitaciones en el coeficiente de servicio de la deuda.

El Gobierno se había negado a eliminar esos requisitos, pero ayer se escuchó un nuevo discruso. "Hay que estudiar el tema y, si tienen razón y hay que hacerlo, pues se hará", aseguró Solbes, porque "no es necesario" una "sentencia en firme" para dar marcha atrás.