Bruselas critica las trabas de la ley de comercio de Andalucía

  • Abre expediente por la "complejidad" del proceso para lograr autorizaciones

La Comisión Europea (CE) abrió ayer un expediente contra la Ley de Comercio Interior de Andalucía por entender que restringe la apertura de superficies comerciales de más de 1.000 metros cuadrados. El Ejecutivo comunitario considera que la norma autonómica podría vulnerar la libertad de establecimiento consagrada en los tratados europeos. La Junta de Andalucía mostró ayer "tranquilidad" ante este procedimiento y aseguró que ya está trabajando para modificar esta ley.

La CE destaca que la normativa comercial de Andalucía se basa en la Ley de Comercio Minorista de España, que Bruselas ya decidió en octubre de 2007 denunciar ante el Tribunal de Justicia de la UE en Luxemburgo. En este mismo caso judicial se ha denunciado también a la ley catalana que regula la instalación de centros comerciales.

Entre las disposiciones de la norma andaluza que más preocupan al Ejecutivo comunitario se encuentra la obligatoriedad de obtener una licencia comercial específica con anterioridad a la licencia municipal para la implantación y los traspasos de grandes establecimientos comerciales, a partir de 1.000 metros cuadrados en algunos municipios.

Bruselas considera que los criterios utilizados para decidir sobre la concesión de esta licencia "no parecen suficientemente previsibles ni objetivos, pues dejan un margen de apreciación importante a las autoridades que expiden las licencias, al permitir incluso la participación indirecta en el proceso de decisión de representantes de los intereses económicos ya presentes, lo cual afecta a la seguridad jurídica de los operadores que desean implantarse en Andalucía".

Además, la Comisión denuncia que la normativa andaluza establece "un procedimiento especialmente complejo y restrictivo, que exige toda una serie de documentos de planificación, lo cual refuerza las dificultades para el establecimiento de grandes superficies comerciales que desean implantarse" en la comunidad.

En segundo lugar, Andalucía ha introducido un "procedimiento flexibilizado" para dar la licencia comercial a determinados establecimientos de descuento y liquidación de restos de fábrica con una superficie mínima de 400 metros cuadrados, pero sin sobrepasar los umbrales para los grandes operadores. Bruselas indicó que esto perjudica especialmente a los operadores de otros Estados miembros.

La apertura del expediente es la primera de las tres fases de un procedimiento de infracción, que pude acabar en el Tribunal de Luxemburgo. Las autoridades españolas tienen un plazo de dos meses para presentar alegaciones.

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