La Comisión Europea está investigando el régimen fiscal de las cooperativas agrarias en España con el fin de clarificar si constituye una ayuda de Estado y si son compatibles o no con las reglas de la Unión Europea. Varias direcciones de Bruselas están estudiando las ventajas fiscales concedidas en España a las cooperativas agrícolas, aunque no "hay una decisión todavía y no se espera hasta dentro de un mes o dos", según expresaron recientemente fuentes de la propia Comisión a la agencia Efe.

Las medidas que estarían en juego afectan a los impuestos sobre sociedades, transmisiones patrimoniales, bienes inmuebles, y en general todo el régimen fiscal vigente para las cooperativas agrarias españolas, que podrían llegar a considerarse ayudas de Estado contrarias a la ley comunitaria.

En el supuesto de que la propuesta de la Comisión Europea salga adelante, Bruselas instaría a España a reformar su legislación sobre ese régimen, y la normativa española afectada repercutiría también en otras cooperativas, como las pesqueras o de trabajo social.

La cuestión está generando un amplio debate dentro de las propias instituciones comunitarias. Por ejemplo, la Dirección General de Competencia está tratando de distinguir entre el trato y las ventajas fiscales a "cooperativas pequeñas y grandes", mientras que desde la Dirección de Agricultura se aboga por un tratamiento igual para este tipo de sociedades, sean del tamaño que sean. El director-gerente de la Federación Andaluza de Cooperativas Agrarias (Faeca), Rafael Sánchez de Puerta, expresó su "confianza en que no tenga repercusiones". "Es una investigación que lleva abierta bastante tiempo y esperamos que quede en nada", agregó.

"Es más, las cooperativas no tienen ahora mismo una fiscalidad especialmente favorable frente a otras sociedades mercantiles e incluso en algunas materias las condiciones son más duras", recalcó Rafael Sánchez de Puerta. El director-gerente de Faeca puso como ejemplo que una cooperativa está obligada a tener unos fondos de reserva que no puede repartir a sus socios, al contrario que otras modalidades de empresas.

El origen de la investigación radica en una decisión del Gobierno central en el año 2000, que permitió a las cooperativas agrarias y pesqueras la comercialización de gasóleo con ventajas fiscales para paliar el incremento del precio del combustible, que provocó entonces grandes movilizaciones. En un principio, Bruselas dio el visto bueno a estas medidas. Pero las gasolineras de Madrid y Cataluña impugnaron la decisión ante el Tribunal de Primera Instancia de la UE, que dio la razón a las estaciones de servicio.

Por su parte, las cooperativas lamentan que "como consecuencia del conflicto por la distribución del gasóleo, se ponga en tela de juicio todo el sistema fiscal para las cooperativas españolas". La cuestión es paradójica, ya que las cooperativas también distribuyen sin ánimo de lucro otros productos a sus socios a un precio ventajoso, como piensos o fertilizantes, sin que haya habido problemas en esos sectores.