La CE autoriza a España a comprar activos a la banca

  • Bruselas considera que la creación de un fondo para dotar de liquidez a los bancos es compatible con la normativa europea y "adecuado para solucionar un grave problema de la economía española"

La Comisión Europea ha autorizado hoy a España a poner en marcha el fondo para la compra de activos de calidad a la banca, dentro de las medidas para estabilizar los mercados financieros y proporcionar liquidez a los bancos, según ha informado hoy el Ejecutivo de la UE en un comunicado.

Tras la presentación por parte española de "un paquete de compromisos para acotar la aplicación de las medidas", la CE ha considerado que la creación del citado fondo, dotado en principio con 30.000 millones de euros, es compatible con la normativa europea y "constituye un medio adecuado para solucionar un grave problema de la economía española".

En particular, Bruselas destaca que "prevé un acceso no discriminatorio, tiene una duración y un alcance limitados, e incluye las medidas de salvaguardia necesarias para minimizar la distorsión de la competencia". El 10 de octubre de 2008, las autoridades españolas comunicaron a Bruselas las primeras medidas para estabilizar los mercados financieros y restablecer la financiación bancaria a medio plazo.

Tras el acuerdo en el Eurogrupo para facilitar el funcionamiento del mercado interbancario y evitar el desplome de entidades, Madrid anunció que también facilitaría garantías estatales para los créditos interbancarios, por un importe máximo de 100.000 millones de euros.

El portavoz comunitario de competencia, Jonathan Todd, indicó que la medida relativa a los avales, que también requiere autorización de Bruselas, está siendo todavía analizada. La Comisión ha pedido a las autoridades españolas más detalles sobre cómo se aplicará, para garantizar que no vulnera la normativa sobre ayudas de Estado. En cuanto a la compra de activos, se efectuará en subastas inversas, con un fondo de patrocinio público que adquiere los activos mediante adquisición directa de forma temporal, a través de los denominados "pactos de recompra" (Repo).

El comunicado explica que la Comisión se había mostrado reacia a permitir a los estados miembros que comprasen directamente activos financieros bancarios, dado que la crisis crediticia hace que sea difícil valorarlos correctamente, e implica el riesgo de proporcionar ventajas indebidas a los bancos. No obstante, la medida española, según Bruselas, "ha sido específicamente concebida para evitar tales distorsiones de la competencia, ya que el fondo de patrocinio público sólo puede adquirir bonos cubiertos con calificación AAA a través de una subasta."

Estos bonos cubiertos tienen características muy especiales, que limitan considerablemente el riesgo de crédito del fondo de patrocinio público, pero permiten suministrar liquidez a los bancos participantes. Esencialmente, en un bono cubierto el inversor tiene acceso tanto al grupo o "pool" de activos subyacentes como al emisor (el banco).

Como consecuencia de ello, continúa el comunicado de la CE, "el riesgo de crédito de un bono cubierto es mucho más bajo que el de otros activos financieros, por lo que normalmente (aunque no siempre) estos bonos reciben una calificación muy alta". "El sistema de subasta se concibió finalmente para aumentar la transparencia de los precios, y está previsto que el Estado obtenga con ello un elevado rendimiento".

Bruselas destaca asimismo que el plan español "contiene un elemento temporal de recompra, en virtud del cual el Fondo de patrocinio público compra a los bancos bonos cubiertos con calificación de elevada solvencia o valores respaldados por activos (con la calificación mínima AA)".

Los bancos se comprometen a readquirir en una fecha posterior esos activos a un precio preestablecido. "La medida es económicamente equivalente a un préstamo garantizado, lo que nuevamente limita el riesgo de crédito para el fondo, proporcionando a los bancos españoles una liquidez muy necesaria".

España se ha comprometido a volver a notificar la medida dentro de seis meses, y a informar semestralmente a la Comisión sobre su aplicación, lo que permitirá a ésta "comprobar que las medidas no se mantienen una vez que la crisis financiera haya finalizado".

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