La CEOE propone a los partidos suprimir la mayoría de los impuestos autonómicos

  • Los empresarios plantean potenciar la contratación a tiempo parcial e intensificar la contratación de jóvenes con fórmulas más flexibles. Reclaman seguir con el proceso de consolidación fiscal y con las reformas estructurales.

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La CEOE ha enviado a los partidos políticos un documento de propuestas de cara a las elecciones generales en el que plantea suprimir la mayoría del casi centenar de impuestos autonómicos, por no estar ajustados a su finalidad y provocar "distorsiones" en el mercado interior y la competitividad. En el documento, titulado Propuestas empresariales ante las elecciones generales del 26 de junio de 2016, la patronal también solicita que no se introduzcan nuevas figuras impositivas ni se recuperen algunas desaparecidas, "que no tienen ni eficiencia ni interés general". 

En el texto, la CEOE hace una llamada a los partidos para que trabajen por la estabilidad política, intensifiquen el proceso de consolidación fiscal y continúen el proceso de reformas estructurales. Entre estas reformas, la patronal propone racionalizar el número de contratos y el régimen de bonificaciones, promocionando la contratación indefinida sin penalizar la temporal justificada. Además, defiende potenciar la contratación a tiempo parcial e intensificar la contratación de jóvenes con fórmulas más flexibles, así como aumentar los mecanismos de flexibilidad interna a disposición de las empresas para facilitar su adaptación a las necesidades del mercado. La patronal también aboga por erradicar las tasas de economía sumergida, y los supuestos de fraude y evasión fiscal para que el sistema tributario distribuya la presión fiscal de manera más equitativa. 

En este sentido, el documento deja claro que el fraude fiscal no está en los regímenes tributarios especiales como las sociedades de inversión de capital variable (sicav) o las sociedades cotizadas de inversión inmobiliaria (socimi), cuya supresión "provocaría deslocalización de patrimonios, menor inversión española y extranjera y, a medio plazo, menor recaudación". 

Además, pide actuar contra la elusión fiscal y las prácticas fiscales abusivas de manera coordinada con el resto de países de la OCDE y la UE, puesto que las iniciativas individuales "no sólo no resuelven el problema sino que crean otros más graves, fundamentalmente por la pérdida de competitividad de las empresas".

La CEOE también defiende seguir avanzando en la reforma del sector público mediante la eliminación de duplicidades en todos los niveles de las administraciones públicas y la reducción de organismos, agencias y empresas públicas de las administraciones "que prestan servicios que no obedecen ni a criterios de necesidad ni de mejora de la eficacia". 

El documento, que actualiza el remitido a los partidos en octubre de 2015, incide en mejorar el grado de cumplimiento de la ley de Estabilidad Presupuestaria, y para ello "todos los niveles de la Administración deberán cumplir los objetivos establecidos de déficit público en cada ejercicio". Una vez conseguidos los niveles de recaudación, la CEOE aboga por reducir la presión fiscal empresarial en España, que está por encima de la media europea. 

Según explica el documento, en Europa el 25% de los ingresos públicos procede del sector empresarial, mientras que en el caso concreto de España ese porcentaje se eleva al 32,5%. En el ámbito de la Seguridad Social, el documento pide continuar con las reformas que contribuyan a un sistema público de pensiones viable y sostenible y una rebaja de las cotizaciones empresariales que las haga similares a las de otros países del entorno. 

Además, los empresarios consideran fundamental la creación de más empresas, aumentar la inversión I+D+i, especialmente en el sector privado, mantener el sistema de incentivos fiscales para las actividades de investigación y desarrollo, apoyar la transformación digital de todos los sectores productivos e impulsar los procesos de reindustrialización. En el documento, la CEOE también aboga por un pacto social por la educación para conseguir la estabilidad de las políticas educativas, impulsar la competitividad y establecer una relación fluida entre la educación y la empresa. 

En este sentido, admite que el balance de la reforma del modelo de formación profesional no es positivo, por lo que pide su transformación sobre la base del acuerdo de los interlocutores sociales y que las empresas sean "protagonistas y núcleo de decisión".

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