Caixabank tomará el control del portugués BPI gracias a un pacto con el segundo accionista

  • La entidad española, con el 44% del banco pero con los derechos de voto limitados al 20%, podría retomar la opa que paralizó en verano.

El Banco Portugués de Inversión (BPI) anunció ayer un acuerdo entre sus dos principales accionistas, Caixabank y la sociedad Santoro -propiedad de la empresaria angoleña Isabel dos Santos-, por el que la entidad lusa evita ser penalizada por Bruselas. El banco luso necesitaba desprenderse de su participación del 50,01% en el Banco de Fomento de Angola (BFA) por exigencia de las autoridades comunitarias, que no consideran que el sistema de supervisión bancaria del país africano sea equivalente al europeo. Si no lo hacía, se exponía a una sanción.

El español Caixabank -con el 44,1% del capital de BPI- y la sociedad Santoro -con el 18,6 %- protagonizaron las últimas semanas intensas negociaciones para alcanzar una solución. Éstas concluyeron "con éxito" en la noche del domingo, plazo límite para lograr un acuerdo, señaló el BPI en un comunicado enviado a la Comisión del Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM) lusa.

El acuerdo, del que no se dan detalles, ya ha sido comunicado al Banco Central Europeo (BCE) y al Banco de Portugal" y, una vez que sea adoptado por los órganos competentes, será trasladado al mercado. El regulador bursatil portugués suspendió ayer la cotización del banco hasta que no se emita "información relevante" sobre los detalles de la operación.

La solución que se baraja consiste en que la empresaria -hija del presidente de Angola y considerada la mujer más rica de África- compre la participación que el BPI mantiene en el angoleño BFA y éste último pueda cotizar en la Bolsa de Lisboa, apuntan medios portugueses. A cambio de ello, Dos Santos saldría del accionariado del BPI y vendería su posición al Caixabank, lo que permitiría a la firma catalana hacerse con el control del banco, del que posee el capital mayoritario pero con el derecho de voto limitado sólo al 20% del accionariado. Otra solución pasaría por que Ejecutivo apruebe una norma que permita modificar los límites en los derechos de voto en las empresas cotizadas.

En este escenario Caixabank podría retomar la opa que anunció en febrero de 2015 y que fue paralizada el pasado verano por la oposición de Dos Santos a que se eliminaran el límite de los derechos de voto, condición que el banco español había puesto para llevar adelante la operación.

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