El ministro de Economía, Luis de Guindos, lleva repitiendo como un mantra en las últimas semanas que España no será multada por la Comisión Europea (CE) por haber incumplido el objetivo de déficit en 2015, pero sin embargo, su colega del Partido Popular y comisario de Energía y Cambio Climático de la Unión Europea (UE), Miguel Arias Cañete, no lo ve tan claro. "Yo no hago apuestas", sentenció ayer durante la inauguración de los Cursos de Verano en Santander organizados por la Asociación de Periodistas Económicos (APIE) y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP) y patrocinados por el BBVA. Subrayó que "la preocupación de la Comisión es que se cumplan las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento", por lo que dejó la puerta abierta a cualquier desenlace. El tema se abordará en los primeros días de julio.

Arias Cañete envió un mensaje nítido al Gobierno que salga de las urnas: tendrá poco margen para lidiar con el déficit. "Cumplir con las obligaciones de la Unión Europea no va a depender del color político del Ejecutivo, sino que se trata de una cuestión de solidaridad entre europeos", sentenció. "Lo importante es que España cumpla en 2016 y 2017 para tener un equilibrio presupuestario sostenible", añadió. El comisario no entró a valorar si ese nuevo gobierno será de izquierdas o de derechas, pero recordó que, "sea cual sea su tendencia", si su programa no casa con las normas comunitarias, en la práctica significará que no lo podrá aplicar, lo que, recordó, ya ocurrió en Grecia.

Tampoco quiso señalar cuáles deberían ser las medidas a adoptar en el caso de que fueran necesarios nuevos ajustes para cumplir con la senda fiscal. Pero sí dejó entrever una nueva sensibilidad por parte de Bruselas: "Habrá que ponderar las consecuencias sociales de cada propuesta económica, no podemos olvidarnos de los efectos devastadores de la crisis". Apuntó, así, a iniciativas "flexibles" que no lastren el crecimiento económico y la creación de empleo.

Cañete tuvo que enfrentarse a preguntas de los periodistas relacionadas con el caso Acuamed y los Papeles de Panamá. Con respecto al primero, el comisario europeo aseguró que, durante su etapa como Ministro de Agricultura, "jamás" nadie le trasladó que hubiera irregularidades administrativas ni de carácter penal en esa empresa pública, que está siendo investigada por la Audiencia Nacional por un supuesto fraude en el que se podrían haber desviado más de 20 millones de euros. "Nunca tuve conocimiento de ninguna irregularidad porque la habría corregido", afirmó, para añadir que "nunca" dio "instrucciones para favorecer a nadie". Explicó que cuando tomó decisiones difíciles pidió al servicio jurídico del Estado que emitiera informes independientes. "Durante toda mi vida política me he preocupado de tener una base jurídica sólida de actuar con prudencia", dijo.

El comisario insistió en que está desempeñando su trabajo en la CE con "absoluta normalidad", pese al impacto en su imagen del caso Acuamed y de la aparición del nombre de su mujer en los papeles de Panamá. De esto también se desvinculó. "Me casé con ella en 1978 en separación de bienes y no entro en la gestión del patrimonio que haga su familia", rehuyó. No obstante, avanzó que si tiene que comparecer en el Parlamento Europeo o en una comisión específica de asuntos jurídicos para dar explicaciones por ambas cosas irá "con voluntad de transparencia" y dará todas las "explicaciones pertinentes".