Competencia expedienta a la patronal alimentaria por la subida de precios

  • El organismo no prueba la existencia de pactos para elevar los importes, pero cree que obstruyeron la libre competencia

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La Comisión Nacional de la Competencia (CNC) ha abierto expedientes sancionadores contra las principales organizaciones de la industria alimentaria, que serán investigadas para aclarar si vulneraron la ley pactando o propiciando las alzas de los precios de los productos durante los últimos meses. Aunque la CNC reconoce no haber encontrado pruebas de la existencia de "acuerdos explícitos" entre productores y comercializadores para elevar los precios, sí cree posible que las patronales alimentarias hayan incumplido el artículo primero de la Ley de Defensa de la Competencia, por el que se prohíbe todo "acuerdo, decisión o recomendación colectiva o práctica concertada o conscientemente paralela", que pueda "impedir, restringir o falsear la competencia".

La CNC ha informado ya a todas las organizaciones expedientadas, y ahora se da un plazo de 18 meses para concluir sus investigaciones y, en caso de que se confirmen sus sospechas, sancionar a los culpables. Las asociaciones expedientadas son la Federación de Industrias Alimentarias y de Bebidas y siete de sus integrantes: la Asociación de Fabricante de Harinas y Sémolas de España (Afhse), la Federación de Asociaciones del Dulce (FEAD), Asociación Española de Fabricantes de Helado (AEFH), Asociación Española de Panificación y Pastelería de marca (PPM), Asociación Española de Fabricantes de Chocolate y Derivados del Cacao (Chocao), Asociación Española de Fabricantes de Pastas Alimenticias (Aefpa), y la Asociación Española de Fabricantes de Salsas y Condimentos Preparados.

Asimismo, las interprofesionales de productores de carne de pollo (Propollo) y de huevo (Inprovo) tienen también abiertos expedientes debido, en el primer caso, a las declaraciones públicas de sus representantes, y en el segundo a las notas de prensa publicadas sobre el alza de los precios. El último de los expedientes fue para la Asociación de Fabricantes de Pan del Principado de Asturias, aunque otras organizaciones de este sector podrían ser también investigadas por los órganos de competencia autonómicos. Sin embargo, la patronal láctea, que también fue investigada, quedó fuera de los expedientes.

Si la Comisión concluye que las patronales alimentarias vulneraron la ley, puede imponer multas por hasta el 10% de la facturación de los negocios de estas organizaciones en caso de infracción muy grave, o del 5% en caso de infracción grave. Si no se puede determinar el volumen de negocios, las multas pueden superar los diez millones de euros en caso de infracción muy grave.

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