La presión que ejercen los mercados sobre Portugal aumentó con fuerza a primera hora de este lunes, nada más comenzar la primera sesión tras el fallo del Tribunal Constitucional que anula varios de los recortes incluidos en los presupuestos. La tensión vivida este fin de semana ha sido castigada por los inversores con una significativa subida de los intereses de la deuda soberana y con pérdidas en la bolsa de Lisboa.

En el mercado secundario, la rentabilidad de las obligaciones portuguesas a diez años se incrementó en cerca de 20 puntos básicos, hasta superar el 6,5%. Esta tasa de interés es la más alta registrada desde el pasado mes de febrero, y contrasta con el 5,9% al que llegó a cotizar en marzo. A dos y cinco años, los títulos portugueses subían más de treinta puntos, hasta situarse en el entorno del 3,3 y el 5,3%, respectivamente.

Este incremento de los intereses exigidos por los inversores para comprar deuda refleja la incertidumbre generada después de la sentencia del Constitucional, recibida en un contexto de división política en el país. La Bolsa de Lisboa también se vio arrastrada por esta corriente negativa y su principal índice, el PSI-20, perdía una hora después de haber comenzado la sesión un 0,74%, lastrada por un sector financiero que presentaba caídas superiores todas ellas al 2,35%.

El selectivo lisboeta acumula una bajada del 7,5% sólo en las dos últimas semanas. La presión que ejercen los mercados sobre Portugal había caído con fuerza desde principios de 2012, cuando alcanzó su punto máximo (las tasas a dos, cinco y diez años eran del 22, 21 y 17%, respectivamente) y se encontraba relativamente estabilizada desde enero de este año.

La decisión del Constitucional de anular la supresión de una paga extra a funcionarios y pensionistas y los cortes en el subsidio por desempleo y enfermedad -ambas medidas incluidas en los Presupuestos de este año- llevará al Gobierno a aplicar nuevos ajustes. El Gobierno luso, de signo conservador, se mostró este fin de semana muy crítico con el fallo del Tribunal, que ya en 2012 también había declarado ilegales varias de sus medidas de austeridad, y advirtió de que la sentencia pone incluso "en riesgo" al país, bajo el auxilio financiero de la UE y el FMI desde hace dos años.

El primer ministro portugués, Pedro Passos Coelho, tras analizar la situación durante tres horas con sus ministros, solicitó el sábado un encuentro urgente con el jefe del Estado, el también conservador Aníbal Cavaco Silva, quien dio su apoyo expreso al Ejecutivo y alejó la posibilidad de elecciones anticipadas. El presidente portugués, que ha mostrado en público su desacuerdo con algunos de los recortes aplicados por el Gobierno, fue una de las autoridades que solicitó el parecer del Constitucional sobre los presupuestos de 2013 por considerar que algunos de los ajustes que incluía eran ilegales, como finalmente han sido declarados.

Sin embargo, Cavaco Silva destacó que el Ejecutivo "dispone de condiciones para cumplir su mandato" gracias, entre otros motivos, a la mayoría absoluta con la que cuenta en el Parlamento. El domingo, en una declaración televisada a toda la nación, Passos Coelho anunció que para compensar la anulación de los ajustes ordenada por el Constitucional -con un impacto en el presupuesto superior a mil millones de euros-, acometerá nuevos recortes en sanidad, educación, seguridad social y en las empresas públicas. A cambio, descartó volver a incrementar los impuestos, que ya han subido notablemente desde su llegada al poder.