La secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, se mostró ayer partidaria de ligar los salarios a elementos como la productividad o los beneficios de las empresas, coincidiendo con el proceso de negociación abierto entre patronal y sindicatos para renovar a partir de 2015 el II Acuerdo Interconfederal para el Empleo y la Negociación Colectiva, que estableció una senda de moderación salarial y de beneficios empresariales para el periodo 2012-2014.

En comparecencia en la Comisión de Empleo del Congreso, Hidalgo escuchó reiteradas peticiones por parte de portavoces de la oposición para que se entre en una nueva dinámica de incrementos salariales que incentiven el consumo interno y la recuperación económica.

Por su parte, señaló que "ha habido un ajuste salarial necesario" en estos últimos años que ha permitido salvar muchas empresas y, con ellas, muchos empleos. "Porque cuando las empresas cierran no hay empleo", dijo. Si bien, indicó que a futuro "la ligazón de los salarios a los beneficios debe ser una realidad" porque "sólo así" se podrá retomar el crecimiento económico.

Respecto al balance de la reforma laboral, Hidalgo aseguró que hay "evidencias sólidas de que está funcionando", y puso como ejemplo la caída del desempleo en términos desestacionalizados durante los últimos nueve meses, y el actual crecimiento de la afiliación.

Además, rechazó que gran parte de la caída del desempleo se deba a la emigración de los jóvenes y explicó que sólo 12.300 personas menores de 30 años salieron de España en 2012 y 25.700, en 2013.

Por otra parte, la secretaria de Estado de Empleo avanzó que en julio los menores de 25 años que ni estudian ni trabajan, también denominados nini, podrán registrase de forma telemática en el Plan de Garantía Juvenil que les permitirá acceder a un trabajo, formación o prácticas en un plazo de cuatro meses. Explicó que para el Plan se dispondrá de una línea presupuestaria específica del Fondo social europeo de 1.887 millones de euros para los años 2014 y 2015 que se repartirán a partes iguales entre la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, y de los que la Unión Europea sólo adelantará este año el 1 %.