Familias en quiebra

Las familias españolas deben a los entidades financieras 854.614 millones de euros, un endeudamiento que, según datos de Caixa Catalunya, representa ya en torno al 115 por ciento de su renta disponible. Son cifras contundentes que, junto con la coyuntura actual de encarecimiento de la cesta de la compra, el petróleo y la hipoteca, explican el aumento del número de hogares declarados insolventes en los dos últimos años.

La entrada en vigor de la Ley Concursal, en septiembre de 2004, abrió a los particulares la posibilidad de declararse insolventes cuando no fueran capaces de afrontar las facturas de sus acreedores -antes estaba restringido a las empresas, ya que la norma a la que podían acogerse las personas físicas databa de 1881 y estaba totalmente descontextualizada-. Desde entonces, y de acuerdo con las estadísticas del INE, han recurrido a este mecanismo 214 familias, de las que 13 (el 6 por ciento) son andaluzas. Los expertos señalan que esas cantidades no son muy significativas aún, pero sí lo es el ritmo de crecimiento que presentan. De hecho, las quiebras registradas el pasado septiembre a nivel nacional duplicaron las del mismo mes de 2006. Y los especialistas están convencidos de que la tendencia se acentuará entre lo que queda de 2007 y 2008.

Inés Landin, directora general del Registro de Economistas Forenses (Refor), sostiene que esa tónica ascendente irá de la mano de la desaceleración económica, algo en lo que coincide Enrique Bujidos, director de la Unidad Concursal de PricewaterhouseCoopers (PwC), quien puntualiza, no obstante, que será difícil llegar a las cotas de algunos de nuestros vecinos europeos. "Sólo en el Reino Unido se produjeron en 2006 alrededor de 100.000 concursos de personas físicas. Allí, en cuanto alguien se pasa con la tarjeta de crédito se declara insolvente", explica Bujidos.

Juan Ignacio Fernández-Aguado, socio del área procesal de CMS Albiñana & Suárez de Lezo, apunta a este respecto que, al principio, los hogares españoles recurrían al procedimiento concursal como consecuencia de situaciones personales imprevistas, que afectaban de forma directa a su economía (un divorcio, enfermedades, despidos...), pero ahora lo que pesa es el "excesivo endeudamiento; en cuanto falta un céntimo, las cuentas fallan".

Para declararse en quiebra, el particular debe cumplir tres requisitos: que mantenga deudas con varios acreedores (no basta con deberle la hipoteca al banco), que demuestre que su insolvencia es real o inminente, y presentarse ante el juzgado mercantil de su provincia. Automáticamente, se pone en marcha una dinámica por la que, bajo la tutela de un administrador concursal, se hace una radiografía de la situación de la familia afectada (las deudas que soporta y los recursos con los que podría pagarlas) y se busca un acuerdo con todos los acreedores. Mediante dicho acuerdo, conocido como convenio, las partes consesúan un plazo (de un máximo de cinco años) para satisfacer el pasivo pendiente y una quita de la deuda que puede llegar a ser de hasta el 50 por ciento.

El único acreedor que no entra en el convenio es la entidad financiera con la que el particular tenga la hipoteca de su casa, al ser ésta la garantía de cobro. Abelardo Bracho, socio director de Landwell, cree que lo más aconsejable para los hogares en esa situación es primar el pago de la hipoteca sobre el resto de las deudas, ya que la protección que ofrece el concurso se centra, fundamentalmente, en lo que el particular deba en concepto de créditos al consumo, factura de la luz, tarjetas, compras en el supermercado... En cualquier caso, Bracho y el resto de los expertos coinciden en que, antes que ejecutar la hipoteca y proceder al embargo, la banca siempre intentará renegociar las condiciones del préstamo con el titular y llegar a un entendimiento.

El procedimiento suele durar entre ocho meses y un año, periodo en el que el particular no tendrá que abonar al banco ni los intereses ni la cuota mensual de la hipoteca. La normalización de los concursos entre las familias puede generar más de un dolor de cabeza a la banca, sobre todo teniendo en cuenta el (tímido) ascenso que empieza a apreciarse en la morosidad. Desde el sector, sin embargo, indican que no hay una especial preocupación, debido a la buena gestión de impagos que ejerce, a que la tasa de mora continúa en mínimos históricos y a que los casos de quiebra de las familias son muy puntuales.

Una vez alcanzado el acuerdo sobre la reconversión de la deuda y el pago de la misma, se le asigna al particular una cantidad mínima para sobrevivir (oscila entre los 300 y los 500 euros al mes), de modo que el resto de sus recursos o ingresos se destinan a saldar lo que debe. Ahora bien, si el convenio no llega a firmarse, el juzgado dictará el embargo de los bienes del deudor. Muchos de los pasos que se dan en estos procesos deben publicarse, mediante anuncios, en prensa y en el BOE, por si algún acreedor se hubiese quedado fuera. Las asociaciones de consumidores han hecho un llamamiento en ese sentido, ya que ese requisito (anunciarse cuesta dinero) y el propio coste del procedimiento judicial no hacen más que empeorar la maltrecha economía de la familia en concurso.

¿Y cómo han llegado los hogares españoles a este punto? Aunque con matices, el grueso de la culpa recae sobre la hipoteca, que actualmente representa el 74 por ciento de todo lo que adeudamos a nuestros bancos. Según los datos del ministerio de Carme Chacón, el precio de la vivienda ha subido más de un 20 por ciento desde principios de 2005, lo que nos ha obligado a pedir préstamos hipotecarios cada vez más voluminosos. A ello ha contribuido también la imparable escalada, en los dos últimos años, del Euríbor que, si bien ha perdido algo de fuelle en octubre y noviembre, continúa estando a unos niveles muy altos. Por este motivo, la hipoteca se lleva hoy prácticamente la mitad de la renta bruta de los hogares.

Por otro lado, los bajos tipos de interés han llevado a numerosas familias a abusar de los créditos al consumo, lo que, unido al tirón de las tarjetas de crédito y débito diferido -el importe de las operaciones que realizamos con ellas se ha multiplicado casi por seis en la última década-, han generado una especie de complejo de rey Midas entre buena parte de la población.

La incidencia de la carestía del petróleo en los combustiles, cuyos precios están en máximos, y la cesta de la compra también están haciendo mella en los bolsillos. No en vano, ambos capítulos son los principales artífices del desmadre de la inflación que, en el mes que acaba de terminar, alcanzó una tasa interanual del 4,1 por ciento.

El fuerte encarecimiento de los alimentos básicos -cada andaluz gasta al anualmente una media de 1.144,45 euros en productos alimenticios- ha disparado todas las alarmas. Y no es de extrañar: el alza de la leche, el pan, el pollo, los huevos, las frutas y hortalizas (ver gráficos adjuntos) ha propiciado que la compra nos salga hoy un 20 por ciento más cara que hace un año, según un estudio de la organización de consumidores Ceaccu.

Por si fuera poco, todas estas circunstancias confluyen en un escenario en el que, mal que nos pese, la moderación salarial es protagonista. Un informe de Adecco y la escuela de negocios IESE señala que el salario bruto medio en Andalucía es de 1.492 euros y, aunque desde 1997 ha ido creciendo, nuestro poder de compra es ahora un 0,9 por ciento inferior al de ese año.

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