Economía

Felipe Benjumea irá al banquillo por cobrar de Abengoa 11,4 millones de indemnización

  • La juez abre juicio oral contra el ex presidente y el ex consejero delegado, Manuel Sánchez Ortega

  • También acusa a su sucesor, Antonio Fornieles, y a dos directivas por acordar los pagos

Antonio Fornieles, Manuel Sánchez Ortega y Felipe Benjumea.

Antonio Fornieles, Manuel Sánchez Ortega y Felipe Benjumea. / efe

La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela acordó ayer la apertura de juicio oral contra el ex presidente de Abengoa Felipe Benjumea y su ex consejero delegado Manuel Sánchez Ortega por las indemnizaciones millonarias que recibieron tras cesar de sus cargos en la compañía.

También se sentarán en el banquillo la ex presidenta de la comisión de Nombramientos y Retribuciones Mercedes Gracia, la ex consejera Alicia Velarde y el ex presidente de Abengoa Antonio Fornieles. Los tres estaban en esa comisión y acordaron el pago de tales cuantías, por lo que se les acusa de un presunto delito de administración desleal.

Los acusados deberán abonar su fianza en 24 horas para no ver embargados sus bienes

Además, la magistrada requiere a Benjumea, Gracia, Velarde y Fornieles para que presenten, de forma solidaria y en el plazo de 24 horas, una fianza por responsabilidad civil de 3,4 millones de euros, cantidad que resulta de restar los 14,9 millones que fijó el juzgado como fianza y la cantidad ya depositada en el tribunal por el ex presidente de la compañía, 11,4 millones.

Un supuesto similar establece para Sánchez Ortega, quien deberá abonar en el mismo plazo de forma individual, 1,3 millones de euros, que son los que faltan para llegar a los 5,8 millones que se fijaron de fianza en su momento.

En el caso de que los acusados no satisfagan tales cantidades, la Audiencia procederá al embargo de bienes por un valor equivalente.

Los hechos se remontan a septiembre de 2015, cuando se formalizó la aparente salida de la entidad de Benjumea y Sánchez Ortega. A ambos les concedieron unas indemnizaciones por cese anticipado de 11,4 y 4,5 millones de euros, respectivamente, unas cantidades que "no parecen acordes con los resultados empresariales de la sociedad" en aquel momento, según la instructora.

Sólo dos meses después, el 25 de noviembre, Abengoa presentaba en los juzgados mercantiles una solicitud de preconcurso de acreedores, lo que motivó la interposición de acciones legales por parte de los bonistas de la compañía. En el auto de procesamiento, Lamela puntualizaba que ni Benjumea ni Sánchez Ortega se desvincularon totalmente de Abengoa, ya que, un mes después de dejar su cargo, Ortega firmó un contrato de prestación de servicios por el que seguiría cobrando la remuneración que le correspondía como consejero delegado. Por lo que respecta a Benjumea, fue nombrado consejero dominical y presidente no ejecutivo en la misma reunión en la que fue cesado, cargos por los que recibiría una retribución bruta anual de 1.086.000 anual y mantendría su cotización a la Seguridad Social.

Estos vínculos suponen que la relación contractual de ambos "no se había extinguido", precisaba la juez, por lo que no cabe aceptar que tuvieran que recibir indemnización alguna.

En su escrito de acusación, al que alude la juez Lamela en el auto, el Ministerio Fiscal solicita para Benjumea cinco años de cárcel y multa de diez meses, con una cuota diaria de 300 euros (aproximadamente, 90.000 euros), en tanto que para Sánchez Ortega pide cuatro años y tres meses de prisión y 72.000 euros de multa.

Los tres miembros de la comisión (Gracia, Velarde y Fornieles) hacen frente a una petición de tres años y medio de prisión, y además el fiscal del caso, José Perals, reclama que se inhabilite a todos ellos para el ejercicio de cargo en un consejo de administración durante los próximos diez años.

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