El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Jesús García Calderón, ha ordenado la apertura de una investigación sobre las prácticas llevadas a cabo por las distintas entidades financieras en relación con las participaciones preferentes.

El Defensor del Pueblo Andaluz, José Chamizo, se reunió ayer con el fiscal jefe del TSJA para analizar la situación de los afectados por las participaciones preferentes, que en Andalucía se elevan a unas 60.000 personas.

La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz ha recibido unas 500 quejas relacionadas con este contencioso. Chamizo, que detalló que la mayoría fueron formuladas por personas mayores, aunque también hay muchos jóvenes.

"Estas quejas nos causan desolación porque en la actual situación económica son muchos los que necesitan el dinero de sus ahorros", subrayó Chamizo.