aprobados los presupuestos de 2018

El Gobierno mira a las urnas con guiños a pensionistas y rentas bajas

  • El Ejecutivo mejora la previsión de crecimiento para este año hasta el 2,7% del PIB al presentar las cuentas.

  •  Mejora la financiación de las autonomías con 4.020 millones más.

Escolano, Méndez de Vigo y Montoro Escolano, Méndez de Vigo y Montoro

Escolano, Méndez de Vigo y Montoro / Efe

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El horizonte electoral vuelve a marcar la agenda política del Gobierno, que este martes aprobó el proyecto presupuestario para 2018, unas cuentas que hacen guiños a dos grupos de electores, al incluir subidas de pensiones y menos impuestos para rentas bajas y que llegan acompañadas de una mejora de las previsiones de crecimiento económico.

Entre las medidas recogidas en el proyecto, el Gobierno destaca la subida de las pensiones más bajas, que oscilan entre el 3% para las pensiones mínimas y no contributivas, el 1,5% para quienes no llegan a 9.800 euros anuales y el 1% para quienes cobran entre 9.800 y 12.040 euros al año. También mejoran, en un 2%, las pensiones de viudedad, y alrededor de un millón de jubilados, según el Gobierno, podrá beneficiarse de las rebajas introducidas en el IRPF.

Tanto los jubilados como los trabajadores que cobren menos de 14.000 euros anuales quedarán exentos del pago del IRPF (un límite que actualmente está en 12.000 euros) y se establecerán reducciones, aún sin concretar, para las rentas de hasta 18.000 euros.

El proyecto plantea un incremento de los ingresos por IRPF, IVA y sociedades

El Presupuesto también recoge deducciones en el IRPF por gastos de guardería (1.000 euros), por cónyuge con discapacidad (1.200 euros) o por familia numerosa a partir del cuarto hijo (600 euros por niño). Asimismo, tal y como se había anunciado, el salario de los funcionarios subirá un 1,75% este año -a lo que se añaden fondos adicionales equivalentes a un repunte del 0,2% para homologaciones retributivas o aportaciones a planes de pensiones-. Entre las novedades también figuran el aumento a cinco semanas del permiso de paternidad y mayores dotaciones para política de dependencia, infraestructuras, becas o lucha contra la violencia de género.

Para sufragar estas iniciativas, el Gobierno apela tanto a la contención del gasto -el techo de gasto asciende a 119.834 millones, un 1,3% más que en 2017- como a un aumento de los ingresos, derivados de la mejora de la situación económica.

El Gobierno acompañó el Presupuesto de una actualización del cuadro macroeconómico que eleva cuatro décimas la previsión de aumento del PIB, hasta el 2,7%, gracias a la menor incertidumbre en Cataluña y al clima favorable de inversión.

A lo largo de este año se crearán 475.000 puestos de trabajo y la tasa de desempleo bajará hasta el 15% en términos EPA (Encuesta de Población Activa).

Esta mejora económica redundará en un aumento de los ingresos tributarios, que según el proyecto presupuestario marcarán un récord histórico de 210.015 millones de euros, una cifra que supera en un 6% la recaudación de 2017.

El Gobierno espera fuertes incrementos de los ingresos de IRPF (6,5%) gracias a la subida de los salarios y el mayor empleo, así como en impuesto de sociedades (4,8%) e IVA (5,6%).

De esta manera, las nuevas medidas planteadas en este presupuesto serán compatibles con el cumplimiento del objetivo de déficit público pactado con Bruselas, del 2,2% del PIB, lo que implicará salir, una década después, del procedimiento de déficit excesivo.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, llevará el proyecto presupuestario al Congreso de los Diputados el próximo martes 3 de abril, donde arrancará una tramitación que se prevé compleja.

Montoro apela a los mismos socios que le apoyaron en 2017, pero el PNV aún se niega

El Gobierno confía en repetir en estas cuentas los apoyos que ya sumó para las de 2017 -PP, Ciudadanos, PNV, Coalición Canarias, Nueva Canarias, UPN y Foro Asturias-, aunque el Grupo Vasco insistió este martes en que votará contra los presupuestos mientras continúe en vigor el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Montoro aseguró que hay tiempo para lograr el apoyo necesario, dado que el debate de totalidad tendrá lugar a finales de abril y esperar que la situación política en Cataluña se haya normalizado.

El ministro de Hacienda también explicó las cuentas estatale, que incluyen una mejora de 4.020 millones de euros más para la financiación de las comunidades autónomas. Montoro advirtió que esta cuantía que son "nuevos recursos" deben de ir a financiar la educación, la sanidad y los servicios sociales, es decir los servicios públicos fundamentales.

También indicó que este proyecto de presupuestos cumple con el compromiso adquirido con los ayuntamientos para que puedan aplicar el superávit de 2017 en garantizar el acceso a estos servicios públicos y, por lo tanto, la calidad de vida de los ciudadanos.

En total, la financiación de las administraciones territoriales se incrementa este año en 4.244 millones de euros, un 3,6% más que en 2017, de los que 4.020 millones de euros corresponden a las comunidades autónomas y 224 millones a las entidades locales. Así, las comunidades autónomas dispondrán en 2018 de 105.041 millones de euros, en los que se incluyen las entregas a cuenta de 2018 y la previsión de liquidación del año 2016, lo que supone un 4% más que en 2017. En el caso de los ayuntamientos, la cuantía es de 18.025 millones de euros, un 1,2% más .

Por lo que respecta al actual modelo de financiación autonómica, Montoro dejó claro que el proyecto de presupuestos no incluye nada sobre su reforma, para lo que insistió en que es necesario el concurso del PSOE y de las comunidades en las que gobierna, porque de lo contrario no se podrá avanzar en este tema. El ministro destacó que la "preocupación" del Gobierno es qué se puede hacer con la deuda que acumulada por las comunidades con los mecanismos especiales de financiación habilitados por el Estado durante la crisis y aseguró que está abierto en la negociación parlamentaria a abordar iniciativas de los grupos políticos al respecto. En todo caso, informó de que ya hay solicitudes de comunidades autónomas que progresivamente desean acceder al mercado libre para financiarse, pero lo que piden es que antes se reestructure su deuda con el Estado, algo que hay que "enmarcar", advirtió, porque no puede hacerse sin más.

Según aclaró, se trata de "renegociarlas y reestructurarlas" para que a medida que las autonomías alcancen la estabilidad presupuestaria puedan salir a financiarse al mercado libre, pero para eso también hay que finalizar con los mecanismos extraordinarios de financiación que se habilitaron.

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