El Gobierno amplió ayer la dotación que deben hacer al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) las entidades financieras, lo que supone que bancos, cajas y cooperativas deberán aportar 1.600 millones de euros a este organismo frente a los 800 millones actuales. En concreto, los bancos pasan de una aportación del 0,6 por mil de sus depósitos a un mínimo del 2 por mil, lo que supone más que triplicar su dotación a este fin. Las cajas de ahorros ponían hasta ahora a disposición del FGD el 1 por mil de sus depósitos, en tanto que las cooperativas de crédito aportaban el 0,8 por mil.

El decreto provocó la reacción inmediata de la patronal bancaria, que calificó de "sorprendente e injusto" este incremento, al tiempo que instó al Gobierno a hacer frente de forma definitiva a la inacabada reestructuración del sistema financiero. En una nota, la Asociación Española de Banca (AEB) recuerda además que los bancos no sólo no han recibido ayudas públicas sino que han aportado ya 2.347 millones de euros del patrimonio que tenían en su fondo de garantía. Para la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), la medida es "precipitada" y altera el entorno estable que necesita el sector.

El Fondo de Garantía de Depósitos cuenta con unos recursos de unos 6.500 millones de euros, y con esta iniciativa podrá recaudar anualmente alrededor de 1.600 millones, tal y como indicó ayer la vicepresidenta económica del Gobierno en funciones, Elena Salgado. Esta cantidad podría incrementarse, ya que el decreto sitúa en el 3 por mil el importe máximo de las aportaciones que el Fondo puede reclamar a las entidades cada año. Según Salgado, el FGD aportará los recursos necesarios para sanear las entidades sin que esto afecte al déficit público ni suponga coste alguno para el contribuyente. Si el Estado vende su participación en una entidad por debajo del precio al que entró, como es previsible que ocurra con la CAM, la diferencia la pondrá el FGD, una vez descontados los intereses que pudiera recibir el Estado por el dinero prestado a dicha entidad al principio del proceso de reestructuración. Fuentes del Ejecutivo han indicado por tanto que en el caso de que en la subasta de la Caja del Mediterráneo (CAM), en la que se inyectó 2.800 millones, la entidad se venda con pérdidas, ese quebranto lo asumirá el nuevo fondo y no el Estado.

El acuerdo adoptado por el Gobierno completa la unificación llevada a cabo el pasado 14 de octubre de los fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito, de modo que independientemente de su naturaleza, se garantice todos los depósitos de los clientes hasta 100.000 euros por depositante y entidad.

Fuentes del Ejecutivo recuerdan que, desde esa fecha, las circunstancias han cambiado, ya que entonces no se habían producido casos como el del Banco de Valencia, que fue intervenido por el Banco de España el pasado 21 de noviembre. El FROB anunció una línea de crédito de 2.000 millones de euros y una inyección de 1.000 millones para la entidad valenciana. En caso de un rescate, explicó Salgado, el FGD no dependerá sólo de las aportaciones ordinarias, sino que, en casos de falta de liquidez, tendrá la opción de endeudarse o de llevar a cabo una derrama, siempre que cuente con el apoyo de dos tercios de su comisión gestora