Inabensa plantea otro ERE para 74 personas y un ERTE para 177 ocho meses después de los últimos

  • La decisión de la filial de Abengoa afecta a 14 centros de trabajo, entre ellos, los de Sevilla y Huelva

Concentración contra los despidos en Inabensa en junio del año pasado. Concentración contra los despidos en Inabensa en junio del año pasado.

Concentración contra los despidos en Inabensa en junio del año pasado. / juan carlos muñoz

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La compañía Abengoa ha propuesto un nuevo expediente de regulación suspensivo (ERE) y otro temporal (ERTE) para Inabensa. Afectarán a 251 trabajadores: a 74 por la extinción de contratos y a 177 por la suspensión de contrato durante 18 meses, en los centros de trabajo en Huelva, Sevilla Torrecuéllar, Alicante, Las Palmas, Almaraz, Vigo, Alcalá de Henares, Manuel Pombo Angulo, Murcia, Sabic Cartagena, Barcelona, Zaragoza, Vizcaya Derio y València.

Así lo señaló el secretario general de MCA-UGT-Sevilla, Manuel Ponce, quien indicó que la próxima reunión tendrá lugar el día 22 de febrero, para la que tendrán que dar una respuesta, después de analizar y valorar la documentación facilitada por la compañía y conocer los argumentos de la empresa para tomar la medida de un nuevo expediente, "ocho meses después del que afectó a 291 empleados".

Ponce, en una primera valoración, señaló que el nuevo expediente afecta a "un número excesivo de trabajadores", sobre todo, tras el plan de viabilidad de la compañía, con el que "entendíamos que la situación iba a ser mejor", incluso, según añadió, "sin necesidad de otro expediente".

Cabe recordar que Inabensa (participada por Abengoa) llevó a cabo en verano de 2016 un ERE para 72 trabajadores y un ERTE de ocho meses para 220 empleados. Además, para los mayores de 59 años, se acordó un ERTE de hasta dos años, por el que los trabajadores según vayan cumpliendo 61 años se irán acogiendo a la jubilación parcial y se creará un contrato relevo.

En el caso del ERE, 72 despidos eran forzosos, pero se abrió la posibilidad de que otros 78 trabajadores se adhieran de forma voluntaria a su extinción de contrato. La indemnización en ambos casos era 20 días por año trabajado, más 4.700 euros lineales.

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