Industria desoye a la UE y no retirará las condiciones a la opa de Endesa

  • La Comisión denunciará a España ante el Tribunal de Luxemburgo por tercera vez · El Gobierno insiste en que los requisitos son legales y necesarios para garantizar la seguridad del suministro

El Ministerio de Industria mantendrá las condiciones impuestas a la opa de Enel y Acciona sobre Endesa, y no obedecerá el mandato de la Comisión Europea, que exigía la retirada de algunos puntos antes del próximo jueves, según indicaron fuentes del departamento dirigido por Joan Clos. Industria se reafirma así en las exigencias a la eléctrica italiana y a la constructora de José Manuel Entrecanales, que controlan un 67 y un 25 por ciento de Endesa, respectivamente.

Esta postura provocará que el Ejecutivo comunitario denuncie al Gobierno español ante el Tribunal de Luxemburgo.

No sería el primer encontronazo que dirime este órgano jurídico por la toma de control de Endesa. De hecho, Bruselas ya denunció el decreto de febrero de 2006 que amplió las competencias de la Comisión Nacional de la Energía (CNE) y las condiciones del Gobierno a la fallida opa de la empresa alemana E.ON sobre la eléctrica española.

El Gobierno ha insistido desde el principio del proceso en que los requisitos son necesarios para garantizar la seguridad de suministro y compatibles con la legislación comunitaria. La Comisión Europea aprobó en julio la adquisición del control conjunto de Endesa por Enel y Acciona al considerar que la operación no iba a tener un impacto negativo sobre la competencia. No obstante, las condiciones impuestas posteriormente por España a través de la Comisión Nacional de la Energía invaden a juicio de Bruselas su competencia exclusiva en materia de fusiones de dimensión transfronteriza.

Los requisitos que la Comisión considera incompatibles con la legislación comunitaria fueron dictados por el regulador español de la energía el pasado 4 de julio y modificados en parte por el Ministerio de Industria el 19 de octubre, cuando se retiraron algunos de los puntos más polémicos.

En su primer dictamen, la Comisión Nacional de la Energía impuso 12 condiciones a Enel y Acciona, de las que Bruselas llegó a declarar en septiembre la ilegalidad de 11 de ellas, salvando de la quema sólo la que obligaba a la compañía a garantizar el suministro en caso de emergencias. En octubre, el Gobierno descafeinó su resolución y eliminó cinco exigencias, manteniendo seis puntos. De ellos, el Ejecutivo comunitario entiende que solamente uno ha sido modificado adecuadamente, por lo que mantiene su rechazo a los cinco restantes.

La Comisión considera ilegales requisitos como la obligación de mantener a Endesa como empresa independiente, incluida su marca, y su centro de toma de decisiones en España; la imposición de comprar ciertas cantidades de carbón nacional para la generación de energía; y la exigencia de conservar los sistemas de electricidad insulares dentro de Endesa.

La Comisión Europea cree que tampoco se ajustan a la legislación comunitaria las limitaciones impuestas en el coeficiente de servicio de la deuda de Endesa y en la política de distribución de los dividendos de la eléctrica.

Dado que la decisión de Bruselas es jurídicamente vinculante, las propias empresas pueden invocarla ante los tribunales nacionales. Esta circunstancia no es probable, ya que los dirigentes de Acciona y Enel se pronunciaron a favor tras la modificación de los requisitos en octubre.

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