Tras confirmar Industria el lunes que el incremento en la tarifa de la electricidad será finalmente del 5,6%, el titular de ese departamento, Miguel Sebastián, intentó ayer rebajar las críticas -dirigidas fundamentalmente desde la oposición y las asociaciones de consumidores- anunciando que la del próximo mes de julio "va a ser la última subida del año" en el precio que los consumidores pagan por la luz. El marco elegido no fue casual: Sebastián clausuró en Barcelona la convención de Eurelectric, un foro que ha reunido a 500 empresarios del sector de la UE.

El borrador de orden ministerial de tarifas elaborado por Industria propone una subida media del recibo de la luz en el tercer trimestre del 5,6% y fija en 25 kilovatios (Kw) por bimestre el consumo gratuito del que disfrutarán todos los consumidores, un aumento que se añade al del pasado mes de enero, cuando se incrementó la tarifa un 3,3% de media. Entre las dos subidas, el incremento medio del precio de la energía eléctrica para los consumidores en lo que va de año asciende al 8,9%.

Sebastián calificó ayer la subida de "razonable" por el alza del petróleo y calculó que la misma tendrá "un impacto de una décima en el IPC", según la primera aproximación. Frente a quienes tachan de excesiva la medida, recordó que 4,5 millones de consumidores se beneficiarán de la tarifa social que prepara el Gobierno.

En su discurso ante los miembros de Eurelectric, Sebastián defendió las bondades de la política de la UE de recortar las emisiones de CO₂ un 20%, el consumo de energía otro 20% e implantar un 20% de renovables en la generación (lo que se denomina política del 20-20-20), y señaló que España se colocará a la cabeza de la misma. "El camino de una energía generada de manera sostenible ha de ser recorrido por las empresas del sector", reiteró el ministro, para quien las empresas "precisan de un marco estable, transparente y predecible".

Pese a estar lejos del 11% con el que se llegó a especular, la subida de la luz ha desatado una oleada de críticas contra el Gobierno. El PP lamentó que le toque abrocharse el cinturón "a los de siempre: a las familias y las pequeñas empresas". Las asociaciones de consumidores también han puesto el grito en el cielo. La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU) denuncia que se castigue a las economías débiles y propone que los tramos de potencia se ajusten a otras variables más realistas como la renta de los hogares, los integrantes de cada familia o incluso el clima.

También Facua pide que la tarifa social eléctrica se vincule a la renta de los usuarios y no a la potencia contratada, porque "de configurarse atendiendo sólo a este parámetro una gran masa de consumidores con rentas bajas y consumos nada despilfarradores serán excluidos de la misma".