La Inspección priorizará el abuso de la temporalidad y la brecha salarial

  • El Gobierno aprueba el plan estratégico 2018-2020, en el que se pasa de poner el foco en el fraude a la Seguridad Social a hacerlo en la calidad del empleo y la discriminación

La ministra de Empleo, Fátima Bañez, durante la presentacón de una campaña contra el fraude. La ministra de Empleo, Fátima Bañez, durante la presentacón de una campaña contra el fraude.

La ministra de Empleo, Fátima Bañez, durante la presentacón de una campaña contra el fraude. / archivo

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El Consejo de Ministros aprobó ayer el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2018-2020, que se centrará especialmente en la calidad del empleo y dará prioridad a actuaciones en el ámbito de la discriminación por género y la brecha salarial.

El plan se estructura en cuatro ejes y fija doce objetivos y 100 líneas de actuación para los próximos años. Se refuerza el control de la contratación temporal injustificada, de la contratación a tiempo parcial y de los contratos formativos, y se centrará en actuaciones en el ámbito de discriminación por género, con campañas específicas, incluyendo las referidas a los planes de igualdad en las empresas. También potenciará la supervisión de la brecha salarial y de la negociación colectiva para evitar que existan cláusulas discriminatorias.

La Inspección pasa a ser un organismo autónomo que dará servicio a todas las administraciones

Asimismo, la Inspección también realizará actuaciones para un mayor control de las horas trabajadas y del tiempo de trabajo y de las subcontratas y las empresas multiservicio, pondrá en marcha nuevas unidades especializadas en prevención de riesgos laborales y acometerá actuaciones específicas en relación con falsos autónomos, becarios y prácticas no laborales y formación para el empleo.

El plan prevé continuar con los esfuerzos para mejorar la dotación de las plantillas, facilitar el despliegue de los nuevos subinspectores laborales de la Escala de Seguridad y Salud en el Trabajo y potenciar la Escuela de Inspección.

La aprobación de este nuevo plan supone pasar de la lucha contra el empleo irregular y el fraude a la Seguridad Social, principales objetivos desde 2012, a un plan estratégico que, sin olvidarse del fraude, se centra en la calidad del empleo.

Desde 2012 y hasta el pasado mes de febrero han aflorado 519.056 empleos irregulares y se han detectado más de 7.029 empresas ficticias sin actividad real. Además, se ha logrado la conversión de más de 359.191 contratos indebidamente temporales en indefinidos. El impacto económico global estimado de todas estas actuaciones alcanza los 21.198 millones de euros.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social responde a un modelo de configuración único, ya que sus funcionarios ejercen competencias estatales y autonómicas en el marco de una única actuación inspectora. La consolidación de este modelo, según el Gobierno, "requiere un sistema de gobernanza más compartida entre el Estado y las comunidades autónomas para lograr una mayor flexibilidad en la dirección y gestión de la institución".

Por eso, el Consejo de Ministros también aprobó ayer un Real Decreto para dotar a la Inspección de Trabajo de una nueva estructura y configurarla como un organismo estatal, desarrollando de este modo la Ley ordenadora del Sistema de Inspección de Trabajo y Seguridad Social aprobada durante la pasada legislatura.

El objetivo principal del nuevo modelo organizativo de la Inspección era el de transformar la actual Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de Empleo en un organismo autónomo de nueva creación: el organismo estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, cuyos Estatutos fueron aprobados ayer.

La creación de este organismo configura a la Inspección como un servicio común a la Administración General del Estado y las comunidades autónomas, que presta servicios a cada una de las administraciones en función de las materias sociolaborales de su competencia.

Según el Gobierno, el nuevo organismo permitirá una mayor implicación en la Inspección de Trabajo de las comunidades autónomas y de las organizaciones empresariales y de los sindicatos.

El Organismo Estatal de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que será el encargado de ejecutar el plan estratégico 2018-2020, integrará a todo el personal que hasta ahora prestaba servicios en la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (unos 3.000 empleados públicos entre inspectores, subinspectores y personal de apoyo) y estará desplegado en todas las comunidades y provincias y en Ceuta y Melilla.

Dentro del organismo se crea la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, que permitirá una mayor colaboración con las comunidades autónomas y con otros organismos implicados y que enlazará con la Plataforma europea contra el trabajo no declarado en el ámbito de la Unión Europea.

Precisamente, el Consejo de Ministros nombró ayer a Gabriel Álvarez del Egido director de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Álvarez del Egido pertenece al Cuerpo Superior de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social.

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