El PP ha propuesto al resto de los grupos políticos aplicar de forma retroactiva las quitas de deuda en el caso de viviendas habituales ya adjudicadas, siempre que no se superen los límites temporales fijados en el nuevo sistema de reducción de deudas.

En las primeras enmiendas presentadas con motivo de la reforma hipotecaria, el PP planteó un sistema de reducción de deudas si el deudor paga el 65% del dinero pendiente antes del quinto año o el 80% en el décimo año, desde la adjudicación de la vivienda en la subasta. En estos casos, el juez podrá condonar el resto de la deuda pendiente, es decir, establecer una quita del 35% o del 20%, aunque hasta ahora esta posibilidad se restringía a las subastas de vivienda que se produjeran a partir de la entrada en vigor de la nueva normativa. Los plazos temporales indicados que vencieran este año se prolongarán hasta el 1 de enero de 2014.

No obstante, la retroactividad para que las ejecuciones en marcha se beneficien de las quitas no implica que la entidad financiera que ha iniciado la ejecución hipotecaria esté obligada a devolver las cuantías que ya ha percibido del deudor. Se mantiene la obligación de que la entidad financiera que se quede con la vivienda destine el 50% del beneficio obtenido a reducir la deuda del hipotecado, si la vende con plusvalías en los diez años posteriores a la adjudicación.

Esta modificación se ha incluido en el borrador de la ley de medidas urgentes para reforzar la protección a los deudores hipotecarios, reestructuración de deuda y alquiler social, texto que el PP ha remitido este viernes a todos los grupos parlamentarios. El borrador legislativo cambia el nombre y unifica los dos proyectos de ley sobre este tema que tramita actualmente el Congreso, el de protección a deudores hipotecarios y el de dación en pago y suspensión de desahucios procedente de la iniciativa legislativa popular (ILP).

Por otro lado, el nuevo texto introduce también como novedad un orden en los pagos que tiene que afrontar el deudor al perder la vivienda, con el objetivo de reducir los conceptos más abultados y mejorar su posición. Hasta ahora, si tras la ejecución hipotecaria quedaba deuda por saldar (la situación más común), la normativa solo establecía que en primer lugar se pagaran los intereses pactados entre la entidad financiera y el cliente, quedando a criterio de la primera qué conceptos se sufragarían a continuación.

De salir adelante el borrador, algo previsible dada la mayoría absoluta del PP, tras los intereses remuneratorios se pagará, por este orden, el principal del crédito (que suele ser el montante más elevado), los intereses de demora y las costas del proceso, lo que permitirá al deudor reducir efectivamente el capital que tiene pendiente. En cuanto a los intereses de demora, se mantiene la limitación a tres veces del tipo de interés legal, pero se ha añadido que dichos intereses sólo se devenguen sobre el principal del crédito y no sobre el total de las deudas. En el caso de ejecuciones extrajudiciales se da un paso más en el sentido de mejorar la información, al estipular que el notario pueda advertir a las partes si observa que alguna cláusula puede ser abusiva.

La modificación de la legislación hipotecaria viene motivada por la necesidad de adaptar la normativa a la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que en marzo pasado condenó a España por incumplir los preceptos de protección al consumidor en los procesos de desahucio. Fuentes parlamentarias indicaron que el borrador ha sido tratado con las autoridades europeas y que éstas han señalado que da cumplida respuesta a la sentencia.

Por otro lado, en una nota de prensa el PP ha destacado que el nuevo texto incorpora más de 50 enmiendas de todos los grupos parlamentarios y supone un paso esencial en la protección del deudor hipotecario, consiguiendo un equilibrio para que el mercado siga funcionando. Entre los aspectos de otros partidos incorporados, el borrador recoge la propuesta del PSOE para que las costas del proceso de ejecución hipotecaria se limiten a un máximo del 5% del total, así como la posibilidad de reducir la deuda en un 2% si los afectados permiten visitas de compradores interesados en pujar por él en la subasta, propuesta realizada por UPyD.

Asimismo, amplía el umbral de rentas de cuatro a cinco IPREM (1.597,53 euros brutos mensuales) para beneficiarse de la paralización de un desahucio durante dos años, algo reclamado por UPyD y el Grupo Mixto, límite que también se aplicará a deudores con discapacidad en el ámbito de aplicación del código de buenas prácticas bancarias.