La Policía Nacional detuvo el pasado sábado a otras tres personas por su supuesta implicación en la trama de extorsión de las organizaciones Ausbanc y Manos Limpias, aunque posteriormente les dejó en libertad junto con otros seis de los arrestados el viernes. Fuentes de la investigación indicaron a Efe que estas nueve personas siguen en calidad de investigados con la advertencia de que pueden ser citados por el juez.

Los últimos arrestados fueron María Manual Mateo, María Isabel Medrano y Hermenegildo García, que se sumaron a los once detenidos el viernes, entre ellos el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad.

Precisamente, estos últimos y el director de Comunicación de Manos Límpias, Francisco Castro Villacañas; el tesorero de Ausbanc, Alfonso Gil Solé; y el adjunto al presidente de Ausbanc, Ángel Garay Echeverría, siguen detenidos en dependencias del complejo policial de Moratalaz, en Madrid, y hoy pasarán a primera hora a disposición del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Según fuentes jurídicas, el titular del Juzgado Central de Instrucción 1 decidirá si les envía a prisión después de tomarles declaración.

El juez les investiga por haber tejido supuestamente una red de extorsión a bancos a cambio de darles publicidad favorable y de retirar acusaciones en las que se personaba el sindicato, como fue el caso de la infanta Cristina, cuando llegaron a pedir presuntamente tres millones de euros a dos entidades para dejar de acusarla en el caso Nóos.

Bernad y Pineda, que se conocen de la juventud, habrían colaborado en estas prácticas fraudulentas que comenzó practicando Ausbanc, una asociación que afirma tener como objetivo la protección de los consumidores frente a los bancos, a finales de la década de los 90.

Las investigaciones apuntan a que entidades bancarias -cuatro han denunciado los hechos- eran extorsionadas y pagaban dinero a Ausbanc en concepto de publicidad en sus publicaciones, cuando en realidad lo que se garantizaba con esos pagos era que la organización hablara bien de ellas, no interfiriera en sus consejos de administración y retirara acusaciones en procesos judiciales.

Entre estas extorsiones estaría el presunto chantaje a La Caixa y al Banco Sabadell, a los que se habría solicitado un total de 3 millones de euros para que Manos Limpias retirase su acusación contra la infanta Cristina, la única que se ejerce contra ella en el caso Nóos.

Los abogados de la infanta Cristina reconocieron el viernes que existió una conversación que, tanto en el ámbito profesional como deontológico, les incomodaba y que pusieron en conocimiento de las autoridades judiciales y de la Policía. La Policía cree que ambas organizaciones trabajaban de forma coordinada y no eran realmente asociaciones sin ánimo de lucro, sino que su objetivo era obtener beneficios para sus dirigentes, para lo que utilizaban como pantalla la protección de los consumidores y las iniciativas judiciales. De hecho, una de las entidades bancarias llegó a pagar alrededor de un millón de euros en un año en concepto de publicidad, cuando en realidad estos pagos respondían a un chantaje.