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Recentralización económica del Estado

  • La prolija y compleja normativa que se promulga en España reduce el mercado nacional y lo compartimenta en 17 mercados más pequeños, causando efectos económicos negativos

Recentralización económica del Estado Recentralización económica del Estado

Recentralización económica del Estado

Diez años después del comienzo de la gran recesión, la economía española ha recuperado el nivel de PIB que tenía en 2008. De un 27% de desempleo en 2013 se ha pasado a un 16% en 2017. La deuda pública con relación al PIB se ha estabilizado y comenzado a reducirse. Es cierto que seguimos teniendo un mercado de trabajo muy disfuncional, con una elevada tasa de temporalidad y unos salarios de entrada inaceptables, que están ahondando la desigualdad.

Aún así, esto no significa que los principales problemas de la economía española se encuentren en vías de solución. Como es conocido, un asunto muy importante es el establecimiento de un nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas que sea más equitativo y racional. Pero hay otro problema, tanto o más importante, que es el dotar de racionalidad económica al Estado de las Autonomías, de manera que propicie un funcionamiento más eficiente de la economía española.

La actual ruptura virtual del mercado en España en muchos sectores es en buena parte el resultado de la debilidad de los gobiernos del PP y del PSOE en distintas legislaturas, que han necesitado los apoyos de nacionalistas vascos y catalanes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, como estamos volviendo a vivir durante estas semanas. No es el resultado de un proceso racional y ordenado.

Existen multitud de ejemplos de competencias transferidas que han dado lugar a una extraordinaria proliferación de normas autonómicas propias, sin coordinación alguna entre las distintas administraciones. La normativa turística, la regulación de las fundaciones, la territorialización del mercado de trabajo, la normativa sobre cooperativas, las leyes que gobiernan el comercio minorista, los requisitos de contenidos de determinados productos, las normas que regulan el ejercicio profesional de muchos autónomos, entre otras, han dado lugar a una prolija legislación.

Nadie puede negar que esta complejidad normativa reduce el tamaño del mercado al compartimentar el nacional en 17 mercados más pequeños, impidiendo el aprovechamiento de economías de escala, la división del trabajo y la competencia entre las empresas -al limitarse éstas a una escala local o regional-, reduciendo la productividad, aumentando los costes de producción y empeorando la eficiencia en el uso de los recursos. En conjunto, estos factores reducen la competitividad de las empresas, la creación de empleo y el bienestar de los ciudadanos, al aumentar los costes de transacción.

No estamos aislados. España es una economía muy abierta. Por el contrario, la creciente globalización somete a las empresas a una mayor competencia, lo que obliga a mejoras continuas de la productividad para poder sobrevivir.

Adicionalmente, son muy numerosos los casos en los que empresas multinacionales que han analizado invertir en el mercado español, teniendo que operar en todo el territorio, y abandonado la idea por la creciente fragmentación legal del mercado. Las empresas que actualmente operan en el mercado de distribución, por ejemplo, tienen que cumplir con más de 700 normas estatales y autonómicas, y contar con un equipo de abogados experto en 17 mercados.

Un estudio realizado por el Instituto de Estudios Económicos, analizó 6.500 normas que potencialmente rompían la unidad de mercado, proponiendo la supresión de unas 2.700 que claramente tenían un impacto negativo. Una economía no funciona mejor porque tenga más normas reguladoras. Más bien es un número más reducido y la calidad de las mismas lo que promueven un mejor funcionamiento.

Otra investigación realizada por dos profesores del IE Business School, para el periodo 1978-2010, concluye que la actividad regulatoria llevada a cabo por las comunidades autónomas ha reducido el crecimiento de la Productividad Total de los Factores (TFP) -que mide la eficiencia en el uso de los recursos- en un 3,5%. Dado que la TFP total -que incluye la actividad regulatoria y todos los demás restantes factores- fue negativa (-0,15%), la conclusión es que una actividad regulatoria menor habría dado como resultado una TFP positiva y, en consecuencia, un mayor crecimiento del PIB y del empleo. Los costes asociados a la regulación han afectado, especialmente, a las empresas con más de 200 trabajadores.

Para una mejora del funcionamiento económico del Estado sería necesario realizar cambios legales significativos. Pero, sobre todo, sería imprescindible contar con una fuerte voluntad política y altura de miras -como ha ocurrido en Francia con la reordenación de los departamentos- para que las normas que se aprobaran, se cumpliesen.

Existen, básicamente, dos opciones. La primera, la devolución a la Administración central de la mayoría de las competencias que regulan el funcionamiento de los mercados, de manera que el marco regulatorio fuera igual en todos los territorios. Esta opción contaría con la oposición de los partidos políticos, aunque no estoy seguro de cuántos. Pero también contaría con el rechazo de agentes económicos -empresarios, profesionales, sindicatos, etc- que actualmente se encuentran en contacto directo con los gobiernos regionales y que, en buena medida, han realizado una "captura del regulador" (como el premio Nobel George Stigler nos mostró) y que perderían las rentas que actualmente obtienen por la proximidad a los gobiernos regionales.

La segunda opción, mantendría las actuales relaciones políticas y las Comunidades competirían entre sí para diferenciarse y crecer más rápidamente que el resto. Esta opción mantendría la actual diversidad regulatoria, por lo que una coordinación desde el Gobierno central sería necesaria para mejorar su funcionamiento. Soy escéptico acerca de esta alternativa, dadas las continuas luchas políticas internas y el pequeño tamaño de mercado de todas las Comunidades españolas en el ámbito global.

Sé que la palabra recentralización se ha convertido en un anatema. Pero no se trata de suprimir las autonomías, sino de mejorar su funcionamiento económico. Cualquiera que sea la opción que se elija, es necesario llevar a cabo reformas políticas profundas del Estado para mejorar su funcionamiento. En otro caso, iremos adentrándonos cada vez más en la insignificancia en un mundo global.

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