En una de las sesiones del Eurogrupo más largas que se recuerdan en Bruselas, España logró algunos de sus objetivos, entre ellos el pronto desembolso de un primer tramo del crédito europeo para su maltrecho sector bancario. No obstante, lejos de una victoria clara para Madrid, la Unión Europea (UE) no ha extendido a Mariano Rajoy un "cheque en blanco", y es que se imponen duras condiciones.

Victoria parcial, moderada, ¿o pírrica? No es fácil etiquetar el resultado más tangible de las negociaciones ya que los 30.000 millones de euros que recibirá el sector bancario español antes de finales de mes para evitar un posible colapso, no salen gratis. Mientras el ministro español de Economía, Luis de Guindos, hacía gala de optimismo al afirmar que el país logró "dos muy buenos acuerdos", la partitura final también tiene muchos bemoles, entre ellos recomendaciones -término que en el diccionario de la jerga de la UE equivale a obligaciones- entre ellas subir el impuesto sobre el valor añadido (IVA) o una dura medicina para el sector bancario.

Y es que, según remachó el comisario de Asuntos Económicos de la UE, Olli Rehn, "España debe cumplir plenamente" con sus compromisos adquiridos en materia de reducción de déficit, entre otros extremos. España sí logró la prórroga -hasta 2014 en lugar de 2013- del objetivo de cumplimiento de déficit por debajo del 3 por ciento del producto interior bruto y también un primer masaje de reanimación casi instantáneo para la banca, que podría elevarse hasta un máximo de 100.000 millones de euros. No obstante, según se ha filtrado de fuentes del Eurogrupo, habrá condiciones para el sector bancario receptor de las ayudas, además de exigencias de tipo fiscal y de supervisión al sector. Además, las ayudas -que pasarán por el fondo de reestructuración bancaria FROB- computarán como deuda hasta que, quizás en 2014, esté listo el esquema europeo que permita una recapitalización directa de las entidades en problemas, una de las exigencias de Madrid.

Según las conclusiones de la maratoniana reunión de la pasada noche (cerca de nueve horas de negociaciones), las condiciones son mucho menos dolorosas en términos de ajustes y reformas que las impuestas a los tres países oficialmente rescatados, Grecia, Irlanda, y Portugal, bajo la tutela de Bruselas y del Fondo Monetario Internacional (FMI). Y es que oficialmente España no será rescatada. Las cifras preliminares sobre la mesa suenan menos duras: intereses del préstamo seguramente por debajo del 3 por ciento y plazos de vencimiento de hasta un máximo de 15 años. Hasta que quede pergeñado el memorando de entendimiento, con todos los datos de las condiciones que impone la UE, algunos elementos podrían alimentar la tesis de que España, aunque no oficialmente rescatada, sí estará bajo la lupa directa de la Comisión Europea. Quizás esta supervisión o control no tenga la severidad o aspereza de las visitas fiscalizadoras que regularmente realizan los inspectores de la troika, formada por Bruselas, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), a Atenas, Dublín o Lisboa, para comprobar el ritmo de los programas de ajuste, pero no serán viajes de ocio.

Los hombres de negro, en la metáfora que hace unas semanas utilizó el ministro español de Hacienda, Cristóbal Montoro, para definir a los técnicos de Bruselas, podrían viajar a España cada tres meses. La regularidad de las inspecciones podría ser un síntoma claro de que Bruselas y el FMI prefieren hacer un seguimiento estrecho a las acciones del gobierno, especialmente en lo que atañe al sector bancario y su supervisión. Entre los elementos de la "condicionalidad" al sector, figura el que las entidades receptoras de la ayuda europea estarán obligados a imponer a sus inversores y clientes -muchos de ellos particulares- pérdidas sobre las participaciones preferentes emitidas, que podrían elevarse, según fuentes próximas al Eurogrupo, hasta cerca del 30 por ciento. Otro de los puntos clave pasa por la obligación de los bancos que reciban ayuda de separar sus activos tóxicos en un banco malo, el cual deberá ocuparse de manera independiente de los activos tóxicos del sector inmobiliario que lastran sus balances.

Por otra parte, se aplicarán requisitos de capital (ratio cercano al nueve por ciento) más exigentes para todo el sector así como cambios -más exigentes- en los niveles de aprovisionamiento, supervisión y transparencia de los bancos afectados.