España tendrá que cumplir 32 condiciones a cambio de la ayuda europea de hasta 100.000 millones de euros que recibirá para recapitalizar su sector bancario, según el Memorando de Entendimiento del Eurogrupo. El Ministerio de Economía deberá transferir antes de final de año al Banco de España poderes sancionadores y capacidad para dar licencias bancarias, según las condiciones pactadas por el Gobierno con el Eurogrupo para recibir ayuda financiera.

"Debe garantizarse un mayor refuerzo de la independencia operativa del Banco de España", asegura el Memorando de Entendimiento acordado en la madrugada del lunes. El texto exige a España dar más poderes a su banco central, que además tendrá que llevar a cabo un ejercicio interno para detectar posibles deficiencias en su funcionamiento. Este proceso, que debe repasar los procedimientos de supervisión y toma de decisiones, deberá llevarse a cabo antes del fin de octubre.

En paralelo, Europa reforzará claramente su supervisión del sector bancario español y el cumplimiento de todo lo acordado a cambio de la ayuda. Así, una suerte de troika -formada por la Comisión Europea (CE), el Banco Central Europeo (BCE) y, en este caso, la Autoridad Bancaria Europea (EBA) en lugar del Fondo Monetario Internacional (FMI)- "verificará en intervalos regulares las condiciones" vinculadas al plan y su cumplimiento con "misiones" e informes trimestrales por parte de España.

"La revisión de las actividades del FROB (Fondo Ordenado de Resolución Bancaria) en el contexto del programa serán regulares", señala el Memorando, cuya firma definitiva está prevista para el 20 de este mes. Además, el acuerdo señala que las autoridades españolas ofrecerán "a la CE, el BCE, la EBA y el FMI, bajo estrictas condiciones de confidencialidad, los datos necesarios para vigilar el conjunto del sector bancario y bancos con un interés específico por su naturaleza sistémica o su situación".

Más aún, la CE -en cooperación con el BCE y la EBA- estará autorizada a llevar a cabo inspecciones in situ en cualquier institución financiera que se beneficie de las ayudas para asegurar que se cumplen las condiciones. El Memorando recoge toda una serie de información que España deberá facilitar a Europa. Por ejemplo, se tendrán que dar datos semanalmente sobre depósitos bancarios y sobre la situación de liquidez de las entidades.

La UE exige que las cajas de ahorros españolas dejen de controlar sus bancos

España tendrá que emprender en los próximos meses una reforma de sus cajas de ahorros para que éstas terminen por dejar de controlar sus bancos comerciales, según los términos del acuerdo para la ayuda financiera europea a la banca española. El Memorando de Entendimiento entre el Eurogrupo y España señala que las autoridades españolas tendrán que preparar antes del fin de noviembre legislación "clarificando el papel de las cajas de ahorros en su capacidad de accionistas en instituciones de crédito con vistas a finalmente reducir sus participaciones a niveles de no control". Es decir, Europa quiere que las cajas pierdan el poder de decisión sobre esas entidades. El texto reclama además que se declare la incompatibilidad entre la presencia en los consejos de administración de las cajas y los de los bancos que controlan.

El Memorando insiste en la necesidad de una "transparencia reforzada" para "impulsar la confianza en el sector bancario español". Las autoridades españolas tendrán que presentar rápidamente a Bruselas planes de liquidación ordenada de los bancos no viables que necesiten fondos públicos, según las condiciones pactadas por el Gobierno de España con el Eurogrupo para recibir ayuda para las entidades con problemas. Esos planes deben ser compatibles con los objetivos de mantener la estabilidad financiera, minimizar la carga de estos procesos de liquidación sobre los contribuyentes, así como dejar que las entidades sanas adquieran activos y pasivo de forma competitiva, señala el documento acordado la madrugada del lunes. Las autoridades españolas se comprometen a limitar la remuneración de los ejecutivos y miembros de los consejos de administración de todas las entidades que reciban ayudas, recalca.

El texto, de veinte páginas, establece que las autoridades españolas emprenderán acciones "tempranas y oportunas" sobre los planes de reestructuración y liquidación de los bancos. Las reestructuraciones deberán basarse en una reducción "significativa" de las áreas de negocio deficitarias, con desinversiones allí donde sea posible, a fin de reducir su dependencia en la liquidez del banco central.

También se prevé una mejora del gobierno de las entidades y una reestructuración operativa a través de la reducción del número de oficinas y el recorte de personal. El Gobierno español enviará los planes a la Comisión Europea, que los analizará según las normas comunitarias sobre ayudas de Estado, y serán luego transmitidas al Banco Central Europeo, la Autoridad Bancaria Europea y el Fondo Monetario Internacional.

El proceso comenzará "inmediatamente", este mismo mes de julio, con las entidades del denominado Grupo 1 (Bankia, CatalunyaCaixa, NovaCaixaGalicia y Banco de Valencia), es decir las que ya están controlados por el FROB y sobre las que se conocen en general sus necesidades de financiación pública.

El objetivo es que las autoridades españolas avancen el trabajo de forma que la CE pueda aprobar los planes de reestructuración o resolución para noviembre de este año. Para los bancos del Grupo 2, aquellos cuyas necesidades de financiación se conozcan tras nuevas "pruebas de estrés" y que no puedan cubrirlas en los mercados, el objetivo es que la CE pueda aprobar los planes de reestructuración para diciembre de 2012.

Las recapitalizaciones solo podrán tener lugar tras la adopción de una decisión por parte de la Comisión, y requerirán un reparto de la carga y la reestructuración, a no ser que se empleen fondos del primer tramo de 30.000 millones cuyo desembolso para antes de finales de julio acordaron los ministros de Finanzas de los países del euro en la noche del lunes al martes.