Los resultados de la convergencia económica de las comunidades autónomas españolas durante las dos últimas décadas han sido modestos si los comparamos con los países de la UE, exceptuando los casos de Italia (ha habido divergencia) y Francia, aunque en este caso la situación de partida de los departamentos era de mayor nivelación en PIB per cápita que en el caso español. Las diferencias entre CCAA para el periodo 2000-2016 han sido notables. Mientras que Galicia y País Vasco han aumentado su distancia respecto de la media en 10 puntos porcentuales, Baleares ha perdido nada menos que 21 puntos. Andalucía ha mantenido casi exactamente la distancia. No hemos convergido con la media nacional.

Durante estos años, la estructura del Estado ha evolucionado hacia una fuerte descentralización, especialmente por el lado de los gastos. En la UE, sólo Suecia y Dinamarca tienen una mayor descentralización, pero en ambos casos son los ayuntamientos los que ejecutan la mayor parte del gasto. Fuera de la UE, solo Canadá se aproxima a nuestro nivel.

Sin embargo, por la vertiente de los ingresos de las administraciones regionales y locales, en España éstos sólo cubren un 58% del gasto, siendo el resto transferencias del Estado. En países como Alemania, este porcentaje se encuentra próximo al 90%.

Durante todo el largo periodo que ha durado el proceso descentralizador, los gobiernos regionales han mostrado distintas pautas de comportamiento desde el punto de vista fiscal y, en consecuencia, de la prestación efectiva de los servicios que tenían transferidos.

Los datos para el periodo más reciente durante la salida de la crisis, 2012-16, muestran un volumen de gasto muy diverso para la prestación de servicios públicos fundamentales (sanidad, educación y otros servicios sociales). Para una media entre CCAA de 2.338 de euros por habitante, el País Vasco gastó casi 800 euros más que esa media, Navarra unos 600 euros y Cantabria 400. El resto de comunidades de régimen común han tenido incrementos muy reducidos o inferiores a la media, incluyendo Andalucía.

En términos de PIB, durante los años más duros de la crisis, las comunidades llegaron a presentar un déficit del 4%, que se ha venido reduciendo hasta el 0,4% actual. La persistencia del déficit, que viene arrastrándose desde el año 2008, y la diversidad de políticas fiscales seguidas por los gobiernos regionales han dado lugar a un panorama de endeudamiento muy distinto para los territorios. Así, la Comunidad Valenciana tiene una deuda pública respecto del PIB regional del 41%, la más elevada de toda España, seguida de Castilla-La Mancha con el 37% y de Cataluña con el 35%. Andalucía, con el 22%, se encuentra entre el grupo con niveles intermedios de deuda.

Cuanto más elevado sea el endeudamiento respecto del PIB, tanto mayor es el riesgo financiero para los territorios. Sin embargo, no es la única variable que los mercados tienen en cuenta al valorar el riesgo. Las agencias de rating utilizan hasta 14 variables para medir ese riesgo. Además del actual volumen relativo de deuda, tienen en cuenta también la corriente de endeudamiento (no solo el nivel), los ingresos corrientes respecto del total del gasto público (que mide la capacidad de pago de la deuda) y la estructura económica actual. Esta variable la miden por el peso que tiene el sector industrial en el PIB en cada región, de manera que cuanto más elevada sea, tanto mejor la capacidad de crecimiento y de pago de la deuda a medio plazo.

En este sentido, a pesar de un nivel intermedio de deuda, tanto Extremadura como Andalucía se encuentran en un nivel de riesgo financiero relativamente alto, más reducida que aquellos territorios más endeudados (Cataluña, Valencia, Murcia y Castilla-La Mancha), pero superior a otros con niveles de deuda iguales o superiores, como Aragón, Baleares o Asturias. Estas consideraciones son relevantes para el diseño y ejecución de la vuelta al mercado para poder financiarse que han manifestado algunas comunidades, entre otras Andalucía, porque el coste financiero diferencial de colocar en solitario deuda en los mercados puede ser significativo.

Aunque parece que la urgencia ha remitido durante las últimas semanas como consecuencia de la larga crisis provocada por los independentistas catalanes, sería muy deseable que se llegara a un acuerdo -aunque no sea aceptado por todos- sobre financiación autonómica, que permita una distribución más justa de los recursos públicos y de la que Andalucía debería salir beneficiada.

Pero no sólo se trata de recursos públicos. España necesita una reforma constitucional que permita aclarar la distribución de competencias -actualmente confuso y con leyes escasamente precisas y que se solapan- con el objetivo de reducir las actuales ineficiencias del modelo autonómico y del funcionamiento de la economía. Tanto las empresas nacionales como extranjeras no deberían frenar sus inversiones debido a la actual fragmentación normativa del país. Inversiones más reducidas significan menor crecimiento y menor empleo.

La permanencia del actual modelo significa la continuidad del solapamiento de las funciones entre las distintas administraciones. Las empresas no pueden aprovechar completamente las economías de escala -asociadas a un mayor tamaño- y de alcance -impidiendo lanzar nuevos y diferentes productos- debido a la variedad y complejidad normativa, que crea inseguridad jurídica y una reducción de inversiones. Los ciudadanos, además, tienen el derecho a saber quién hace qué, para que el ejercicio de responsabilidades y de rendición de cuentas al público sea efectivo y contribuya a un mejor funcionamiento, no solo de la economía, sino del sistema democrático en su conjunto.

Una reforma constitucional que homogeneizara jurídicamente las actividades regulatorias, contribuiría a acelerar el crecimiento y el empleo y facilitaría la convergencia en PIB por habitante de los distintos territorios.