El juez autoriza el concurso de acreedores de Martinsa por su "insolvencia inminente"

  • Las entidades pendientes de cobro tienen un mes para comunicar la deuda exacta

El Juzgado de lo Mercantil de La Coruña admitió ayer la suspensión de pagos presentada por la inmobiliaria Martinsa-Fadesa. Su titular, el magistrado juez Pablo González-Carreró Fojón, declaró ayer "en situación legal de concurso voluntario" a la entidad ante el riesgo de que entrase en "situación de insolvencia inminente". Al mismo tiempo, el citado órgano se declara "competente" para llevar el proceso judicial.

El auto comunica que el grupo que preside Fernando Martín "conservará las facultades de administración y disposición de su patrimonio", aunque "el ejercicio de esas facultades quedará sometido a la intervención de los administradores concursales", que serán la abogada Antonia Magdanelo Carmona y Bankinter.

El Juzgado de lo Mercantil de La Coruña también insta a los acreedores de Martinsa-Fadesa para que comuniquen al administrador concursal la existencia de sus créditos y deudas. Deberán formular la comunicación en el plazo de un mes, que se computará a partir del día 1 de septiembre de 2008. El juez también pide a Martinsa-Fadesa que aporte a la mayor brevedad posible "una relación de los bienes o derechos inscritos a su nombre en los registros públicos", además de solicitarle, entre otros, una lista de acredores y del inventario.

Martinsa-Fadesa presentó el 15 de julio la solicitud de concurso voluntario de acreedores para garantizar la continuidad de su proyecto empresarial y poder sanear la compañía, que cuenta con una deuda de 5.200 millones y un patrimonio de 10.805 millones. La declaración de concurso ha sido aceptada por el agujero del grupo, fruto de la drástica disminución de su actividad durante el presente ejercicio. En su razonamiento, el juez explica que la insolvencia "no presupone la insuficiencia patrimonial para responder al pago de todas sus obligaciones". Adicae pidió ayer al Banco de España que tome "las medidas necesarias para garantizar la obtención de la información que necesitan los afectados".

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