Y los peores augurios se confirmaron. Con una deuda acumulada de 5.100 millones y un futuro cada vez más oscuro, el consejo de administración de Martinsa-Fadesa decidió ayer colocar a la empresa en fase de concurso voluntario de acreedores (la figura legal de la antigua suspensión de pagos) con el "objetivo de garantizar la continuidad de su proyecto empresarial, procediendo al saneamiento y a la reorganización de la compañía a través de los instrumentos de la Ley Concursal". La noticia la difundió el propio grupo tras una reunión maratoniana de cinco largas horas en una jornada que ya había comenzado mal: la CNMV había suspendido horas antes la cotización de la compañía que controla y preside Fernando Martín tras desplomarse sus acciones casi un 27%, una caída que se sumaba al 33% de retroceso del viernes. Peor, imposible.

El mayor crack de la historia empresarial española (y por extensión el primer concurso de acreedores de una inmobiliaria cotizada) era un secreto a voces. Se intuía desde hace tiempo, pero se confirmó el viernes, cuando la compañía que dirige el que fuera efímero presidente del Real Madrid reconoció que no encontraba quien le financiara un préstamo de 150 millones. Ésa era una de las condiciones que le impusieron cuando en mayo firmó con 45 entidades financieras la refinanciación de 4.000 de los 5.100 millones de deuda que arrastra la compañía. La no obtención de esa vía financiera "podría ser causa del vencimiento anticipado", como finalmente ha ocurrido.

Cerradas todas las vías de entrada de capital (los bancos le han negado más liquidez y el Instituto de Crédito Oficial (ICO) denegó la petición al considerar el dinero no reactivaría al grupo, sino que sería engullido por la deuda), el desastre se acercaba. Con las acciones cotizando a la mitad del valor de sólo una semana antes, la inmobiliaria coruñesa convocó un consejo de administración extraordinario que debía decidir sobre una opción, la del concurso voluntario de acreedores, que no satisface ni a los accionistas, pero que ya era la única salida posible al túnel.

Y si los accionistas y los acreedores se verán afectados por esta medida, los trabajadores correrán la misma, o incluso peor, suerte. Si se cumplen los pronósticos más agoreros, la inmobiliaria anunciará hoy un expediente de regulación de empleo que afectará a unos 300 empleados directos de la compañía, que cuenta con unos 800 en plantilla.

El grupo asumió ayer que toma la decisión de convocar el concurso de acreedores ante la constatación "de las graves dificultades de tesorería que genera la no obtención del crédito de 150 millones de euros que la compañía precisaba para dotarse de liquidez y seguir desarrollando sus proyectos con normalidad". El comunicado emitido anoche señala que tanto el presidente de Martinsa-Fadesa, Fernando Martín, como el resto de los miembros del consejo, continuarán desempeñando sus funciones al frente de la empresa. "Las medidas que se adoptarán en el proceso concursal permitirán solucionar el actual problema de liquidez de la compañía, y cumplir con los compromisos de pago en el menor plazo de tiempo posible", asegura.

La inmobiliaria señala que concentrará a partir de ahora su actividad tanto en aquellas actuaciones que supongan la generación de ingresos -venta de activos y gestión del suelo- como en las que permitan la reestructuración de la compañía para acomodarse a las nuevas exigencias del mercado."Martinsa-Fadesa es consciente de las consecuencias que una medida de estas características tendrá para sus clientes, proveedores, y pequeños accionistas", asume.