Otros doce meses decisivos para la Eurozona

  • La desconfianza y la recesión son los principales desafíos que debe afrontar la moneda única.

La UE afronta un 2012 con muchos de sus miembros al borde de la recesión y pocas perspectivas de recuperar la confianza de los mercados en su deuda soberana, lo que obligará a hacer nuevos ajustes y ceñirse a la senda de la austeridad, que a su vez mantendrá el estancamiento del empleo.

Estos esfuerzos quedarán consagrados en un "pacto fiscal" sobre el que los Veintisiete trabajarán desde la primera semana de enero, con la intención de tenerlo listo en marzo y poder ratificarlo después.

Los líderes de la UE mantendrán una nueva reunión extraordinaria el 30 de enero para concretar los términos del pacto fiscal, en el que de momento participarán todos los estados miembros menos el Reino Unido, y estudiar posibles vías de crecimiento y fomento del empleo en vista de que las previsiones para 2012 son muy poco halagüeñas.

La disciplina fiscal es para países como Alemania, máximo contribuyente a los rescates de socios europeos en dificultades, el requisito sine qua non para aceptar soluciones como la emisión de deuda común (eurobonos), que según los analistas supondría un verdadero blindaje a la deuda soberana y contendría el castigo en los mercados. Pero Alemania se niega a hacer nuevos esfuerzos de solidaridad con sus colegas del sur sin que éstos hayan puesto antes sus cuentas en orden y moderen el gasto.

Los Veintisiete acordaron a principios de mes adelantar el fondo permanente de rescate (MEDE) al mes a julio de 2012 y combinarlo durante un año con el fondo temporal (FEEF), ante las dificultades para reforzar su capacidad de intervención mediante la aportación de países terceros. También apoyaron aumentar los recursos del FMI en 200.000 millones para que pueda socorrer a miembros del euro en dificultades. Los ministros de Economía de la zona euro pactaron poco después conceder a través de préstamos bilaterales hasta 150.000 millones de euros, por lo que aún faltan otros 50.000 millones que deberían proceder de los nueve países comunitarios no miembros del euro.

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