La estiba va a la huelga. Salvo que un acercamiento de última hora lo remedie, los puertos españoles se enfrentarán la semana que viene a tres jornadas de huelga que tendrán un coste por cada día completo de paro de 50 millones de euros, según fuentes del sector. Esa es la situación después de que la segunda jornada de negociación entre Gobierno, empresas y trabajadores para acordar un nuevo modelo para la contratación en la estiba acorde con la legislación europea concluyese sin el más mínimo acuerdo. Y la opción de consenso se aleja: tras poco más de una hora de reunión, el Gobierno anunció que aprobará el viernes el real decreto ley de reforma de la Ley de Puertos tal cual está redactado, puesto que ha sido respaldado por la Comisión Europea. Los cambios que se quieran introducir en la regulación laboral del sector tendrán que venir vía negociación de los convenios colectivos, avisó el Ministerio.

La falta de acuerdo era patente desde días antes y la probabilidad de que la reunión acabase sin resultados muy alta. El propio ministro había recorrido en las horas previas al encuentro distintos medios de comunicación con un mensaje taxativo: "Estamos atados de pies y manos por lo que dice la Comisión Europea", aseguraba en TVE, por lo que el registro de estibadores que reclaman los trabajadores es inviable. Y las posibilidades de modificación del decreto son prácticamente nulas según el titular de Fomento, ya que "estamos en el límite de lo que la Comisión Europea permite flexibilizando al máximo las posturas a favor de los trabajadores". Bajo esas premisas, pocos cambios podían introducirse en el borrador de real decreto ley presentado la pasada semana pasada, con cuya aprobación se trata de evitar una sanción (otra) por incumplir el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.

Según el Gobierno, una vez el decreto sea convalidado por el Congreso la UE desistirá de imponer una sanción de 134.000 euros diarios por un sistema laboral en la estiba que no garantiza la libertad de contratación, al tener que contratar las empresas estibadoras a los trabajadores portuarios puestos a disposición por las sociedades anónimas de gestión de estibadores portuarios (sagep). Y ahí, insiste, no hay lugar para el registro propuesto por los sindicatos. De hecho, da por rota la negociación al constatar que los sindicatos "no tienen ningún interés en negociar lo que no sea la articulación de un registro de trabajadores", explicó el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez-Pomar. Por si quedaba alguna duda de lo asentado de su postura, el Ministerio aseguraba posteriormente vía comunicado que con la aprobación de este viernes del decreto "se abre una nueva etapa de negociación colectiva que da un amplísimo margen a sindicatos y trabajadores". El Ejecutivo emplaza a los sindicatos a negociar cuestiones como la subrogación de los trabajadores, la experiencia y las prácticas, dentro del proceso habitual de negociación colectiva y se ofrece a actuar de intermediario en esa negociación.

"No tenemos otra salida que movilizarnos", resumía tras la reunión el coordinador de la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar, Antolín Goya. Los sindicatos consideran que la postura del Gobierno los empuja a los paros avisados la pasada semana, con los que se cesará la actividad en horas alternas los días 20, 22 y 24. No sólo a esos, sino que también advierten que habrá nuevas movilizaciones. "Si el viernes se aprueba la reforma nos obligarán a plantear otros preavisos de huelga. ¿Qué otra cosa podemos hacer?", insistía Goya en declaraciones recogidas por Europa Press. El Gobierno preveía aprobar los servicios mínimos ayer mismo.

Los estibadores consideran "absolutamente inadmisible" el texto actual, al considerar que "supone un despido masivo de trabajadores subvencionado con fondos públicos". El texto prevé que las autoridades portuarias sufraguen las indemnizaciones por despido de los trabajadores durante los tres años de transición para la desaparición de las Sagep. No obstante, aseguran que no se cierran a seguir las conversaciones: "Antes de levantarnos de la mesa hemos manifestado a Fomento nuestra disposición a la negociación siempre que se articulen medidas que garanticen el empleo del sector", afirmó Goya.

Los sindicatos plantean incluso alternativas para la figura del registro de trabajadores. Según explica el responsable del sindicato marítimo-portuario de FeSMC-UGT, José Manuel Pérez-Vega, "hemos propuesto buscar un tipo de registro que se adecue a lo que pide Bruselas, de forma que podamos tener constancia de que quien ejerce tiene la formación y experiencia necesaria". Además, el sindicalista apunta que ya existe un registro en la Dirección General de la Marina Mercante, por lo que "no entendemos por qué no puede haber uno de estibadores". También critica que no se hayan contestado las numerosas dudas que plantean los trabajadores sobre su futuro tras la aprobación del nuevo sistema laboral.

Tampoco salen satisfechas del encuentro las empresas. La Asociación Nacional de Empresas Estibadoras y Consignatarias de Buques (Anesco) reiteraba en primer lugar en la reunión la denuncia que ha venido haciendo en los últimos días: sabotaje, vandalismo y huelgas encubiertas selectivas que están causando cuantiosas pérdidas a las compañías. Los sindicatos niegan la mayor y reiteran que se está cumpliendo estrictamente con lo conveniado.

Por otra parte, las empresas han visto también rechazados los planteamientos que habían hecho al decreto de Fomento. Así, Anesco había trasladado "diversas consideraciones, entre ellas las relacionadas con el tiempo de adaptación de los convenios sectoriales al texto legislativo". La patronal considera que el año otorgado es innecesario para aquellas cláusulas contrarias a la Ley, puesto que estos acuerdos deberían quedar adaptados de forma automática con su entrada en vigor.

Los empresarios también han mostrado su inquietud por la situación de "desigualdad competitiva" en la que quedarán los actuales operadores en relación a los que se establezcan a partir de la entrada en vigor. Además, la patronal de la estiba también considera que los 3 años planteados por el Ministerio para llevar a cabo la reforma no guardan coherencia con la urgencia propia de la tramitación del Real Decreto.

El Gobierno rechazó una propuesta que "se opone a la mayor parte de los elementos de flexibilización que figuran en el real decreto ley". El Ministerio señala que esas mejoras buscan la garantía del empleo. Además, resaltó, el decreto garantiza la igualdad en el acceso al trabajo en este sector de hombres y mujeres, reiterando un dato incorporado en los últimos días a su argumentario: el propio ministro destacaba horas antes que en el puerto de Algeciras no trabaja ninguna mujer. Algo que ha desatado la ira del colectivo de mujeres estibadoras de Algeciras, que se sienten "utilizadas".

El acuerdo pues no fue posible; tampoco la negociación, denuncian los sindicatos: "No nos han dejado hablar". Se abre ahora un impasse de dos días hasta el Consejo de Ministros en los que buscar el consenso, según el Gobierno. Así lo aseguraba ayer el delegado gubernamental en Andalucía, Antonio Sanz, deseando que aunque hoy no se haya alcanzado un acuerdo en la reunión mantenida, "sí se pueda seguir trabajando para de aquí al viernes" lograr un consenso con el sector.

Aunque ese acuerdo se ve difícil. La huelga de los 6.150 trabajadores del sector de la estiba (un 30% de ellos de Algeciras) amenaza con bloquear unos puertos claves para la economía española, ya que canalizan el 86% de las exportaciones y el 60% de las importaciones del país. Por otra parte, el futuro del decreto tampoco está claro: necesita ser convalidado en el Congreso para entrar en vigor, por lo que el Gobierno popular tendrá que recabar apoyos. La pelea de la estiba se prevé larga.