La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, defendió ayer que en los últimos diez años, entre 2007 y 2017, las pensiones han mantenido su poder adquisitivo con una ganancia, según sus cálculos, del 0,03%. Según las cifras facilitadas en su intervención en la comisión del Pacto de Toledo, en esa década la tasa media anual del índice de precios acumulada ha sido del 16,5%, mientras que las pensiones han subido el 16,53 %.

"Es una buena noticia (...) España ha salido de la crisis de una manera justa y social", subrayó la ministra, que también recordó que desde la aplicación en 2013 del índice de revalorización de pensiones (IRP) -que desvincula su evolución del IPC y que ha supuesto un alza del 0,25% en el último año- la pérdida de poder adquisitivo ha sido de una décima. "La fórmula en sí es inocua. Depende de ingresos y previsiones", se defendió la ministra.

También afirmó que aún no conoce cómo afectará el factor de sostenibilidad -que vincula la percepción de la paga a la esperanza de vida a través de una fórmula matemática- a las futuras pensiones a partir de 2019, pues la Seguridad Social no puede realizar estos trabajos hasta disponer del documento de defunciones en 2017, que debe proporcionar el Instituto Nacional de Estadística (INE). En todo caso, Báñez aseguró que su entrada en vigor, a partir del 1 de enero de 2019, "no implica que la pensión inicial sea menor". "Lo que hace es modular el crecimiento", aseguró. "La pensión inicial, aplicando el factor de sostenibilidad, dependerá del crecimiento económico, de la carrera laboral, de las bases de cotización y de incrementos de poder adquisitivo que se hayan puesto todos los años.

En su comparecencia, Báñez informó de que la Seguridad Social cerró 2017 con un déficit en términos de PIB menor que el del año anterior, por lo que es la primera vez que el sistema cierra un ejercicio con una reducción del déficit desde el inicio de la crisis.

La ministra aseguró que la Seguridad Social cerrará 2017 con un déficit del 1,61% del PIB, inferior al 1,7% del PIB en 2016, aunque en términos absolutos, los números rojos se situaron en 18.800 millones de euros, frente a los 18.600 millones del año anterior.

Por tanto, el déficit del año pasado, que no incluye ni las dotaciones del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa) ni del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), se redujo en relación al PIB, pero no en términos absolutos, ya que aumentó en 200 millones de euros frente a 2016.

El Gobierno prevé que la tendencia a la baja continúe en los próximos años, ya que según los datos de la ministra, las estimaciones para 2018 son de un déficit del 1,47% del PIB. Durante su comparecencia en la comisión, a la que ha acudido para explicar la evolución del sistema público, Báñez celebró que se ha empezado a "revertir el deterioro" del déficit y se ha "iniciado el camino de vuelta al equilibrio financiero".

La ministra atribuyó la reducción del déficit en PIB a la fortaleza de los ingresos de la Seguridad Social, pues aseguró que, por primera vez desde 2008, los ingresos por cotizaciones en el Régimen General aumentaron por encima del gasto en pensiones, un 5,3% frente al 3%, pese a tener un millón de afiliados menos.

En este sentido, aprovechó para intentar despejar dudas sobre la calidad del empleo. "No se pueden mejorar los ingresos por cuotas si el empleo creado es precario", señaló, recalcando que el aumento en cotizaciones es casi dos puntos superior al incremento de afiliación. "El giro en 180 grados en el mercado laboral ha llegado a la Seguridad Social", afirmó Báñez, que explica esa diferencia en favor a las cotizaciones por el aumento de la base media de cotización.

La ministra subrayó por otro lado que los ingresos por cotizaciones permiten abonar el 94% de las pensiones que recoge el sistema público y que este porcentaje de cobertura supone 1,5 puntos más que el porcentaje de 2016. En total, el sistema ingresó por cotizaciones 109.166 millones de euros.