La subida salarial de los funcionarios europeos enfrenta a los países y la CE

  • Los 27 demandarán a la Comisión Europea por subir los sueldos un 1,7% · Bruselas afirma que eso es lo que marcan los tratados

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La Comisión y el Consejo de la UE han vuelto este año a enfrentarse por la subida de los sueldos de los funcionarios comunitarios, como ya ocurrió en 2009, cuando los países pidieron congelar los salarios a consecuencia de la crisis y en contra de lo propuesto por el Ejecutivo comunitario.

El Consejo acordó el pasado lunes demandar a la Comisión Europea (CE) ante el Tribunal de Justicia comunitario (si bien no indicó cuándo), mientras que la Comisión declaró ayer que estudia hacer lo mismo, en una decisión que puede tomar en enero.

La CE insistió en que debe cumplir su papel de guardián de los tratados y defender las normas comunitarias, esto es, que la evaluación salarial responda a una media aritmética de los sueldos de funcionarios en ocho países de la UE y de las variaciones del coste de la vida en Bruselas.

El actual enfrentamiento se debe a que el aumento previsto para 2012, de un 1,7 %, ha sido calificado de "inoportuno" por los países, que el pasado lunes decidieron que lo conveniente es la congelación del sueldo de los funcionarios europeos, dado el contexto de la crisis económica, según explicó ayer a la prensa un portavoz de la CE, Oliver Bailly.

Bruselas reconoció que se está repitiendo "la misma situación que hace dos años", cuando el caso acabó ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por el enfrentamiento de posiciones entre ambas instituciones.

"Nosotros respetamos el método establecido, el método que aprobaron en su día los propios países", defendió Bailly, quien recordó que la función de la CE es velar por el cumplimiento de los tratados. El Ejecutivo comunitario defiende, asimismo, que aplicar el aumento del 1,7% para los 40.000 funcionarios públicos europeos representaría "una subida de unas decenas de miles de euros".

Además, recuerda que la CE ha propuesto una serie de medidas para recortar hasta 1.000 millones de euros en la función pública europea entre 2014-2020, como el retraso de la edad de jubilación de los 63 a los 65 años, la reducción en un 5% de la plantilla, el aumento de las horas de trabajo semanales o la bajada de sueldos en determinados sectores.

El pasado día 14, medio millar de funcionarios europeos se concentraron frente a la CE precisamente para protestar contra esos recortes.

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