La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, ha asegurado este martes que está garantizado que las mujeres separadas o divorciadas tendrán derecho a la asistencia sanitaria pública aunque no hayan cotizado con anterioridad. Mato ha hecho estas reflexiones en el pleno del Senado a preguntas de una senadora del PSOE, quien se ha interesado por los ajustes del Gobierno en el ámbito sanitario y por la posibilidad de que las mujeres que no han cotizado quedasen sin cobertura sanitaria en caso de separación o divorcio. "Todos los hombres y mujeres, con independencia de su estado civil, tienen derecho a la asistencia sanitaria pública", ha aseverado Mato. La ministra ha señalado que "todas las posibles situaciones laborales y familiares en que pueda encontrarse una persona quedan recogidas, incluyendo todos aquellos que no hayan cotizado y que a partir de ahora tendrán derecho a su tarjeta (sanitaria) individual".

Mato ha respondido a la senadora socialista Luisa Alvarez Otero, que ha pedido al Gobierno "garantías jurídicas" sobre la universalidad del Sistema Nacional de Salud más allá de declaraciones de buenas intenciones, para acabar con el "miedo" de los ciudadanos, que se sienten "engañados" por un Gobierno que actúa "contra los más débiles" y ha "dinamitado" la igualdad de oportunidades. La ministra ha precisado que las medidas "bajo ningún concepto afectan negativamente" a las separadas o divorciadas, ya que, a partir de ahora, las mujeres pueden ser titulares de sus tarjetas sin que dependan absolutamente de nadie.

También ha preguntado a la ministra en la sesión de control en el Senado la socialista Raquel Andrés sobre si percibe lo "insoportable" que les resulta a los ciudadanos los "recortes" en prestaciones de derechos básicos, como sanidad o dependencia. "La política sociosanitaria del PP no responde a la situación excepcional de crisis, sino que es una estrategia claramente predeterminada de cómo hacer negocio con los pilares públicos que garantizan la igualdad de oportunidades", ha señalado Andrés.

La parlamentaria ha acusado a Mato y al Gobierno de mentir y de tener "nulo respeto" a las comunidades con los "recortes" en dependencia, entre los que ha mencionado la "rebaja del 13 por ciento de financiación básica". Según Mato, lo "insoportable" para la sociedad es que el anterior gobierno socialista negara la crisis, lo que generó cinco millones de parados y dejó los servicios públicos en "quiebra". Asimismo,  ha acusado a los socialistas de una "maraña normativa" en el desarrollo de la ley de dependencia, que "sólo generó ineficiencias y desigualdades", la hizo "inviable "económicamente" y dejó a 300.000 personas en lista de espera, según Mato. "De acuerdo con la inmensa mayoría de las comunidades, hemos igualado -ha dicho la ministra- las prestaciones en toda España y hemos priorizado a quien más lo necesita: 175.000 dependientes severos".