Las tornas han cambiado. Si hace seis meses el Senado se jugaba su futuro, la institución más censurada del país resiste el envite y se reivindica decisiva para acometer las reformas que, de mayor o menor calado, propugnan los partidos ante el 26 de junio. El desenlace de las elecciones de diciembre, que impidió formar gobierno pero reeditó la mayoría absoluta del PP en el Senado, ha revalorizado la utilidad de la Cámara Alta. Hasta tal punto que ahora el debate ya no se centra tanto en su propia existencia como en su condición de institución esencial y definitiva para sacar adelante cualquier retoque constitucional.

"Del no sirve para nada, no voy a votar", que caló en cerca de un millón y medio de españoles el 20-D que votaron al Congreso pero no al Senado, se ha pasado al "hay que hacer valer todos y cada uno de los votos" y a buscar fórmulas alternativas a una ley electoral que prima las mayorías.

Y es que, si algo dejaron claro las elecciones de diciembre, es que si el PP conserva su reiterada mayoría absoluta en la Cámara Alta, cualquier modificación de la Constitución podría detenerse, ya que para que salga adelante se precisa la aprobación de las dos cámaras.

De los 208 senadores elegidos el próximo domingo entre los 1.304 candidatos -760 hombres y 554 mujeres- que concurren a los comicios, dependerá por tanto que España entre en un nuevo período reformista.

Una nueva etapa que incluiría también la tantas veces aplazada renovación de la propia institución, como prometen todos los partidos en sus programas, excepto Ciudadanos, que mantiene su idea de suprimirlo por "ineficaz".

Las propuestas de reforma del Senado de los partidos difieren en el alcance, pero todas reivindican su papel como cámara territorial y apuestan por reforzar las competencias relacionadas con las comunidades autónomas.

El PP incluye cambios en el Reglamento para que se convierta en foro de primera lectura para los estatutos de autonomía y las leyes de financiación autonómica. Sigue la línea de lo planteado en la ponencia de estudio para la reforma creada en la legislatura que acabó con las elecciones de diciembre.

Los socialistas van un poco más allá y, además de redefinir sus funciones para vincularlas a la dimensión territorial, proponen revisar la composición y trasladar la sede a Barcelona, una medida que enmarcan dentro del modelo federal que acordaron para España.

En su decisión de acabar con el Senado, Ciudadanos parte de la necesidad de que las autonomías participen de manera efectiva en el gobierno de la nación y, para ello, crea el Consejo de Presidentes de las Comunidades Autónomas.

Con el mismo objetivo, Unidos Podemos quiere que esté integrado por representantes de los gobiernos regionales y reducir su número para que sea igual para todos los territorios.

El 78% de los 266 senadores que compondrán la Cámara Alta son elegidos por circunscripciones provinciales. Los 58 restantes son designados por los parlamentos regionales, a razón de uno fijo por cada comunidad autónoma y otro más por cada millón de habitantes de su respectivo territorio.

Cada elector puede dar hasta tres votos en las circunscripciones provinciales, dos en las islas mayores (Gran Canaria, Mallorca y Tenerife), Ceuta y Melilla y uno en las restantes islas (Ibiza-Formentera, Menorca, Fuerteventura, Gomera, Hierro, Lanzarote y La Palma).

Aunque en la papeleta sepia de votación los candidatos aparecen agrupados por partidos políticos, las candidaturas son individuales a efectos de votación y escrutinio, de tal modo que el elector puede marcar la cruz en candidatos de formaciones distintas.

Un procedimiento que partidos como Compromís pretenden cambiar para que los senadores sean elegidos directamente con sufragio universal, en el marco de las elecciones autonómicas y considerando la comunidad autónoma como circunscripción electoral en lugar de la provincia.