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operación Hulla

Anticorrupción lanza una operación contra el ex sindicalista Fernández Villa

  • Se investiga el "indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos" públicos y privados.

  • Hay cuatro detenidos, entre los que no está el ex líder de UGT.

José Ángel Fernández Villa.

José Ángel Fernández Villa. / GJ

La Fiscalía Especial contra la Corrupción ha lanzado una operación, con registros en Asturias, Valladolid, Madrid y Murcia, contra el ex sindicalista del SOMA-FITAG-UGT José Ángel Fernández Villa y el ex presidente del Montepío de la Minería José Ángel Postigo por un posible desvío de fondos públicos y privados.

En la operación Hulla, en la que también están siendo investigados los familiares más directos de ambos, participan también el Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha informado la Fiscalía.

Fuentes de la investigación han señalado que hay cuatro detenidos, entre los que no está Fernández Villa, sino otro miembro del sindicato y otras tres personas relacionadas con empresas.

El que fuera líder del sindicato minero durante más de 35 años y José Ángel Postigo están siendo investigados por el "indiciario desvío, apropiación y ocultación de fondos", tanto públicos, provenientes de una subvención concedida en 2009, como privados, pertenecientes a la propia mutualidad, entre los años 2005 y 2014.

Los fondos públicos habrían sido obtenidos por medio de una subvención concedida en el año 2009 por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del Instituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras, al Montepío de la Minería Asturiana.

Entre las personas investigadas se encuentra el que fuera asesor fiscal del Montepío, J.M.F.F., el arquitecto M.S.F, autor del proyecto para la construcción de la Residencia de Mayores "La Minería" en Felechosa, en el concejo de Aller, y el constructor J.A.F.F., administrador de la mercantil adjudicataria del contrato para la construcción de dicho geriátrico, que supuso una inversión de 31 millones de euros.

La investigación se inició por información de inteligencia financiera en relación con un presunto delito de blanqueo de capitales, después de que Fernández Villa regularizara 1,4 millones de euros en la última amnistía fiscal.

Ello dio lugar a la incoación de unas diligencias de investigación en la Fiscalía Especial Contra la Corrupción, que ha estado liderando un trabajo conjunto con sus Unidades de Apoyo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria e Intervención General del Estado y con la Unidad Central Operativa de Guardia Civil que desembocó en la presentación de una querella.

Tras la querella presentada, la magistrada del Juzgado de Instrucción número 3 de Oviedo incoó el pasado mes de abril diligencias penales por presuntos delitos de blanqueo de capitales -vinculado a delitos de falsedad en documento oficial y mercantil-, fraude de subvenciones, tráfico de influencias, societario por apropiación indebida y contra la hacienda pública.

Todo ello, sin perjuicio de posibles delitos de prevaricación, cohecho, prevaricación urbanística y malversación de caudales públicos.

Al margen de esta investigación, la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Oviedo decretó el pasado 11 de mayo la apertura de juicio oral contra Fernández Villa y el exsecretario de la Fundación para la Formación, la Investigación, la Documentación y los Estudios Sociales (INFIDE) Pedro Castillejo por un presunto delito continuado de apropiación indebida tras una querella presentada por el SOMA-UGT.

La Fiscalía solicita en este otro caso cinco años de cárcel para Villa y tres y medio para Castillejo, unas penas que la acusación particular del sindicato eleva a seis y cinco años de prisión, respectivamente, por la presunta apropiación de 434.158 euros entre los años 1989 y 2010 en el caso del exlíder sindical y de 119.434 euros en el del exsecretario del INFIDE, entre 2004 y 2013.

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