El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, afirmó ayer ante el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en condición de testigo que el Yak-42 que se estrelló en mayo 2003 causando la muerte de 62 militares españoles no debió realizar el vuelo en el que se produjo el accidente porque no reunía las condiciones de seguridad necesarias y que la cúpula militar del Ministerio de Defensa e, incluso, el gabinete del entonces ministro Federico Trillo pudieron tener conocimiento de las quejas sobre estos aparatos, según informaron fuentes jurídicas.

El ex ministro de Defensa, que compareció durante cerca de dos horas y media ante el juez y se reunió durante diez minutos con familiares de las víctimas, declaró a las puertas de la Audiencia Nacional que había acudido al tribunal "por respeto a la Justicia y a la memoria de los que murieron", aunque no quiso revelar los detalles de su declaración, que, según estas fuentes, fue muy similar a la que realizó el 21 de octubre de 2004 en su comparecencia en el Congreso. Según estas mismas fuentes, Bono señaló que antes de que se produjera el accidente existía un malestar elocuente entre los militares, lo que se tradujo en un total de 18 quejas que llegaron al Estado Mayor Conjunto. En ellas se pusieron de manifiesto las condiciones que presentaban los aviones que Defensa estaba contratando a compañías de antiguas repúblicas ex soviéticas, como el Yakovlev-42 siniestrado, que la agencia de la OTAN Namsa subcontrató a la ucraniana UM-Air a través de la intermediaria Chapman Freeborn.

Entre ellas, aseguró que la queja formulada en abril de 2003 por el teniente coronel Marino, del Centro de Inteligencia y Seguridad del Ejército de Tierra, pudo llegar al Estado Mayor de la Defensa e incluso al gabinete del ministro Federico Trillo, tal y como acreditan documentos del Ministerio que Bono se comprometió a entregar al juez. Este informe denunciaba las condiciones de habitabilidad del avión y que parte de la carga no viajaba amarrada.

Asimismo, apuntó que, según sus informes, en el vuelo en el que se produjo el accidente se cometieron 22 irregularidades. Según fuentes de la Defensa de los familiares de las víctimas, el ex ministro también detalló que en el momento en que se produjo el accidente existían limitaciones presupuestarias derivadas de la guerra de Iraq y la crisis del Prestige, lo que motivó que se encargara a NAMSA la contratación de los aviones que se utilizaban para el desplazamiento de militares.