La Policía belga cifró en 45.000 los asistentes a la manifestación independentista del jueves en Bruselas. Un porcentaje significativo llegó de varios países europeos. No hay que olvidar que el NVA, el partido flamenco que es el principal soporte de Carles Puigdemont en Bélgica, mantiene estrechas relaciones con los movimientos independentistas y nacionalistas más significativos. Aun así no se puede infravalorar el importante número de asistentes a la convocatoria del día 7, un acto de apoyo indiscutible al ex presidente catalán, aunque no faltaron dirigentes y militantes de ERC, hoy partido adversario de Junts Per Catalunya, creado por el depuesto jefe del Govern con gran malestar del PDeCAT. Más aún desde que en Bruselas han sabido que Puigdemont pretende acudir con esas mismas siglas a las elecciones autonómicas, lo que puede enterrar definitivamente las siglas PDeCAT.

En Bélgica, lo sabe cualquier español que trabaje en ese país, sobre todo los que lo hacen en las instituciones europeas, Comisión y Parlamento, empieza a advertirse cierto hartazgo por lo que significa la presencia de los independentistas catalanes y sobre todo su afán de centrar permanentemente la atención. Cosa lógica en quienes no tienen un trabajo concreto que cumplir excepto denunciar permanentemente su situación por el método que sea, entre otros las manifestaciones y, ahora, porque centran una campaña electoral que se desarrolla en Bruselas aunque se vota en Cataluña.

La prueba del hartazgo es que los colaboradores de Puigdemont han tenido que pactar con la Policía de Bruselas las condiciones de la manifestación, y tuvieron que aceptar la imposición policial de que no se produjera ante los edificios de la Comisión y el Parlamento, ni tampoco en el parque en el que estaba previsto un acto en el que participarían destacadas autoridades de la UE. Por otra parte, en dos ocasiones el Parlamento Europeo se ha negado a abrir sus puertas para que se celebraran reuniones de Puigdemont con miembros de esa Cámara y periodistas, tal como había solicitado el europarlamentario del PDeCAT Ramón Tremosa, que es quien promueve a Puigdemont en Bruselas, le ha ayudado a buscar lugar en el que alojarse -que ha cambiado varias veces- y le aconseja en cuestiones no solo políticas sino prácticas.

QUIÉN PAGA

Una de las incógnitas es la relacionada con quien sufraga los gastos. Es verdad que los cinco políticos catalanes huidos de la justicia española llevan una vida muy austera, pero vivir cuesta, y más en una ciudad cara como Bruselas. No reciben salario oficial porque no tienen derecho a él y la idea generalizada es que la ANC se hace cargo de parte de sus gastos al igual que dio el dinero para las fianzas de los ex consejeros y parlamentarios -su caja de resistencia todavía cuenta con 4 millones de euros-, pero también se da por hecho que hay benefactores catalanes para los independentistas. Se recuerda cómo Tarradellas, que sufrió 40 años de exilio, recibía ayuda de un grupo de empresarios que enviaban dinero periódicamente a Saint Martin Le Beau donde vivía con su mujer y su hija. Aunque era un exilio de verdad, no como el de Puigdemont, que no es exiliado sino prófugo de la justicia de un país absolutamente democrático.

Puigdemont, sin embargo, en el laberinto en que se encuentra, trata de presentarse ante la opinión pública europea, sobre todo la de Bélgica, como un político perseguido por el Gobierno español por sus ideas. Parte de la estrategia para que nadie pueda decir en público lo contrario es que, en sus ruedas de prensa, no da la palabra a periodistas de medios nacionales españoles, por si alguno le formula alguna pregunta en la que quede explícito ante los medios belgas, o los de otros países acreditados en Bélgica, que su estancia se debe a que quiere huir de asumir sus responsabilidades por no haber acatado la Constitución ni leyes españolas. Sin embargo, a su pesar, ha tenido ya algún disgusto en entrevistas en directo de programas muy escogidos por sus colaboradores, cuando se ha encontrado con preguntas no esperadas por parte de los entrevistadores que se habían tomado la molestia de informarse previamente por sus circunstancias.

ABOGADO Y ESTRATEGA

Dos personas tienen un papel fundamental en la vida de Puigdemont en Bruselas: su abogado, Bekaert, y su responsable de campaña y mujer de confianza, Elsa Artadi.

Békaert, que como abogado de etarras consiguió éxitos sonados impidiendo su extradición con el argumento de que en España no se respetaban los Derechos Humanos, sigue la misma línea de actuación con Puigdemont, y puso el acento en que en España el delito de rebelión y sedición se basa en premisas que tienen más que ver con la ideología que con la necesidad de que esos delitos se cometan a través de las armas. La decisión del juez Llarena de retirar la euro orden ha sido un golpe para la defensa, que buscaba que si el juez belga optaba por la extradición, fuera con la condición de que no pudiera ser juzgado en España por esos dos delitos que no coinciden con los términos de la legislación belga. Y solo con malversación Puigdemont podía librarse de la prisión en España.

Ahora, si regresa, además de ser inmediatamente detenido porque existe una orden para ello en España, el juez podrá enviarle a prisión preventiva por rebelión y sedición. Lo que rompe los planes de Puigdemont, que como confirma alguna persona de su entorno pensaba regresar a España antes del día 21 y después del 14, que era cuando se debía pronunciar el juez belga sobre su extradición. Bekaert cobra 500 euros por hora de su trabajo, y son 19 los abogados que se ocupan de la defensa del ex presidente catalán. Quién paga esa factura pertenece al secreto del sumario pero, sin duda, es el capítulo de gastos más importante de los gastos de los independentistas que se han ido a Bruselas.

Elsa Artadi es la estratega de campaña y se ha convertido en la mujer que más influye en las decisiones de Puigdemont, con gran malestar para la dirección del PDeCAT, que se mantiene en Cataluña, que ni conocía las intenciones de fuga de Puigdemont, ni tampoco que Artadi se iba a ir con él para dirigir su campaña electoral. Brillante, economista con titulación de Harvard, era de la máxima confianza de Artur Mas… aunque ahora ya no lo es tanto precisamente por tomar decisiones no sin consultárselas, sino sin comunicárselas, como habría hecho cualquier persona leal.

TRABAJO EN 90 DÍAS

Otro de los problemas que tiene Puigdemont en Bruselas es cómo plantear su vida allí después de las elecciones. Elegido parlamentario, tendrá que prometer o jurar su cargo presencialmente, y no puede votar desde el extranjero. En la misma situación se encuentran los ex consejeros que forman parte de su lista. Eso obligaría a que tuvieran que dimitir, y es una de las cuestiones que analizan sus asesores minuciosamente para ver si encuentran algún resquicio en la ley o en el reglamento del Parlament.

Por otra parte, el Tratado Schengen permite la libre circulación de ciudadanos entre los países que pertenecen a ese grupo, pero al cabo de los 90 días, para establecerse en uno de ellos, tienen que demostrar que han encontrado trabajo y que reciben un salario por ese trabajo. Tremosa, cuentan en el Parlamento Europeo, estaría decidido a ofrecerle un puesto de asistente, sería la fórmula legal más adecuada para Puigdemont, pero no es imaginable que un ex presidente de la Generalitat puede estar a disposición de lo que le encargue un eurodiputado en Bruselas.

El futuro por tanto de Carles Puigdemont está por definir. Ni siquiera las elecciones del 21 de diciembre podrán decidirlo: serán los jueces españoles -ya no los belgas- los que tengan la última palabra aunque, hoy, el cuartel general de Puigdemont y de sus seguidores se encuentre en Bruselas.