Cataluña, comunidad fallida

  • Aunque tienen mayoría, los independentistas regresan mañana a la vía de la ilegalidad para imponer la presidencia de la Mesa

  • Los letrados, en contra del voto de los ausentes

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Cataluña regresa al punto de partida y amenaza con convertirse en una comunidad fallida, gobernada por una institución zombi, un territorio autonómico donde ni hay un Govern en facultades de gestionar ni posibilidad de un mínimo entendimiento en su Parlamento. A pesar de que los tres partidos independentistas cuentan con una suma más que suficiente para elegir a presidentes republicanos, tanto para la Mesa como para la Generalitat, Carles Puigdemont impondrá una vía ilegal para mantenerse en un puesto que, sin embargo, no podrá ocupar. Aunque hay críticas internas, nadie se atreve a romper con la hoja de ruta que marcan desde Bruselas por temor a ser acusados de traidor. El primer acto de esta segunda parte del proces se inicia mañana. Hay que elegir a los miembros de la Mesa de la Cámara, un organismo fundamental para controlar dos semanas más tarde la sesión de investidura en la que se elegirá al presidente. Posiblemente, Carles Puigdemont o quien él decida como mero representante de lo que él llama el "Gobierno legítimo de la república".

Mañana se constituye el Parlamento catalán, aunque ocho diputados no asistirán. Tres de ellos -Oriol Junqueras, Joaquín Forn y Jordi Sánchez- se encuentra en prisión de modo preventivo y el juez instructor del caso no los dejará salir, aunque sí votar si la Mesa habilita un sistema. Otros cinco se encuentran fugados de la Justicia en Bruselas y, con el reglamento del Parlamento en la mano, no podrían ni votar ni tomar posesión como diputados. Pero aun así, cuatro de estos cinco huidos ya han tramitado su acta. Según el reglamento de la Cámara, los parlamentarios tienen que cumplimentar el acta (esto sí lo puede hacer un representante legal), presentar una declaración de bienes y actividades, y jurar o prometer el Estatuto de autonomía y la Constitución. Estos son los tres requisitos indispensables. No sería creíble que los parlamentarios de Bruselas se comprometan con la Constitución, pero siempre es posible formular una promesa creativa. En el Congreso saben de ello, ya que así votaron los diputados de Podemos y, en su tiempo, de Batasuna. Pero más complicado es votar. La delegación del sufragio sólo es válida para situaciones coyunturales: maternidad o paternidad o enfermedad grave.

El artículo 155 seguirá en vigor si Puigdemont es el elegido, ya que no podrá tomar posesiónLos letrados niegan la investidura telemática y la delegación permanente de voto

Estos son los únicos casos que contempla el reglamento. Ahora bien, el juez del Supremo que lleva el caso ha solicitado al Parlamento que se habilite un sistema para los tres encarcelados por "incapacidad legal permanente". A esto se van a agarrar los cinco huidos para poder votar.

Esta decisión corresponde a la Mesa del Parlamento. Los letrados de la Cámara presentaron ayer un informe contrario a la investidura telemática y a la delegación del voto, incluso en el caso de los encarcelados. La opinión de los letrados no es vinculante, y es posible que sea la Mesa de Edad la que decida. Ernest Maragall, hermano de quien fuese alcalde de Barcelona y ex dirigente del PSC incluido ahora en ERC, presidirá este organismo temporal. A él le corresponde llamar a todos los parlamentarios y tomarles juramento. Una vez ocurrido esto, se elige al presidente de la Mesa y a sus otros seis miembros. Los separatistas contarán con, al menos, cuatro personas en este organismo rector.

Los independentistas necesitan, al menos, 66 escaños para ganar la elección, pero si se exceptuasen a los cinco fugados sólo sumarían 65. En el caso de que Ciudadanos, PP, PSOE y los comunes votasen al candidato del partido naranja, éste sería el presidente del Parlamento, ya que en caso de empate, saldría elegido el representante del partido más votado en las elecciones. Los comunes no votarán a ningún representante de Ciudadanos, por lo que es casi imposible que el nuevo presidente sea constitucionalista. El acuerdo al que habían llegado ERC y Juntos por Cataluña es que el presidente fuese republicano, pero eso no está claro al día de hoy porque se están negociando las dos presidencias a la vez: la de la Cámara y la de la Generalitat.

El reglamento indica que, una vez constituido el Parlamento, la sesión de investidura se debe celebrar el día 31 de enero como fecha límite. Esta va ser la convocatoria más polémica, ya que Puigdemont quiere ser investido presidente de modo telemático. Esto es ilegal. Sobre ello tampoco hay duda, pero los independentistas están dispuestos a forzar la situación. Si ocurriese así, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, mantendría activo la intervención que le permite el artículo 155 de la Constitución.

El decreto por el que se activó este artículo establece que será válido hasta que tome posesión el próximo presidente de la Generalitat. De este modo, y si resulta ser Puigdemont, el Gobierno impugnaría el nombramiento ante el Constitucional antes de la toma formal de posesión, por lo que la intervención de la Generalitat se mantendría en el tiempo hasta que se alcanzase otra solución. En última instancia es el Rey quien firma el nombramiento, y éste suele tener lugar en el Parlamento y ante un ministro del Gobierno.

Otra corriente dentro del independentismo propone otras dos alternativas: la elección de un presidente sin causa judicial que reconociese a Carles Puigdemont como el legítimo o la de otra persona cuya única misión fuese la de convocar otras elecciones autonómicas. La mayoría independentista en la Cámara no augura una solución en meses. Mientras la vía de la bilateralidad no encuentre una voz autorizada, más allá de lo que se declara ante un juez instructor, Cataluña seguirá siendo una comunidad autónoma sin autonomía y con graves posibilidades de ser un territorio fallido, sin gestión ni guía política. La poderosa Asamblea Nacional de Cataluña (ANC) ha vuelto a organizar una concentración en el Parlamento para mañana con el objetivo de presionar a favor de la república.

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