El Cercle d'Estudis Sobiranistes propone que el Govern convoque un referéndum si lo piden 200.000 catalanes

  • Entrega su propuesta mañana a CiU, ERC y Govern, y confía en que prospere con la "mayoría parlamentaria" de CiU, ERC e ICV-EUiA.

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El Cercle d'Estudis Sobiranistes (CES) presentó hoy su documento de bases para una futura ley de consultas populares de Cataluña, en la que propone que el Gobierno de la Generalitat y el Parlament no puedan oponerse a convocar un referéndum si así lo piden entre 150.000 y 200.000 personas, aunque admiten que cualquier consulta de este tipo no puede hacerse sin la autorización previa del Gobierno central.

El vocal del Consejo General del Poder Judicial, Alfons López Tena, expuso hoy las propuestas de la organización independentista, que admitió que el "objetivo último" de esta ley sería convocar un referéndum "sobre la constitución de un Estado propio para Cataluña", aunque no el único.

El jurista argumentó también la iniciativa como una forma de "combatir la desafección de la sociedad catalana de la política", al ofrecerle "elementos de participación directa en la toma de decisiones" a través de referéndums.

Para ello, la propuesta del CES plantea la posibilidad de que las consultas populares puedan ser convocadas por el Parlament; por el Gobierno catalán, si la Cámara catalana lo autoriza; y a través de iniciativa legislativa popular, una fórmula que consideró como la "clave para que el referéndum se convierta en una práctica habitual en Cataluña".

López Tena defendió que una consulta reclamada a través de la iniciativa popular debe estar "sometida a la voluntad política", por lo que la propuesta del CES adopta el modelo de Estados Unidos, Alemania y Suiza, donde la recogida de un número suficiente de firmas entre la población obliga a las administraciones a celebrar la consulta.

En cuanto al número de firmas, explicó que se ha buscado un término medio entre el abanico mínimo de 50.000 firmas que se requieren para llevar al Parlament una ley por iniciativa legislativa popular y el máximo de un 5% del censo (260.000 catalanes), por lo que propuso requerir entre 150.000 y 200.000 firmas.

Según el CES, las consultas avaladas con estas firmas no deberían ya obtener la aprobación previa del Parlament ni del Govern, aunque sí del Gobierno central "por mandato constitucional".

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